Cuántos millones podrían recuadar al año.
El municipio de Olavarría aprobó una tasa para los parques eólicos que establece un pago de hasta US$ 850 por MW instalado. La oposición cuestionó el procedimiento y llevó el caso al Tribunal de Cuentas bonaerense, mientras empresas del grupo Techint respaldaron la iniciativa.
Según pudo saber Notas de Actualidad, una nueva tasa municipal para los parques eólicos de Olavarría generó una fuerte polémica en la provincia de Buenos Aires. La ordenanza 5901/26 establece un régimen especial de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para los establecimientos dedicados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes eólicas.

La medida fue impulsada por el gobierno del intendente Maximiliano Wesner, de La Cámpora, y aprobada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el 10 de septiembre. Según estimaciones de la oposición citadas en el debate, el municipio podría recaudar entre US$ 360.000 y US$ 380.000 por año cuando todos los parques previstos estén operativos.
La iniciativa fue bautizada por sectores opositores como “impuesto al viento”, en referencia al recurso natural utilizado por los aerogeneradores para producir electricidad.
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Cuánto deberán pagar los parques eólicos de Olavarría
La ordenanza establece que la base imponible de la TISH estará determinada por la potencia nominal instalada de cada aerogenerador, expresada en megavatios (MW).
El esquema contempla una escala según la capacidad de cada equipo:
- Hasta 3,8 MW: US$ 850 por MW al año.
- Entre los distintos rangos de potencia: la tasa disminuye progresivamente.
- Desde 9 MW: US$ 700 por MW al año.
El propio Concejo Deliberante confirmó que el régimen también incorpora una garantía de previsibilidad tributaria durante 20 años para las empresas alcanzadas.
Olavarría cuenta actualmente con distintos proyectos de generación eólica y tiene en desarrollo nuevos emprendimientos que incrementarán la capacidad instalada del distrito.
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Por qué se generó la polémica por el “impuesto al viento”
Uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con el régimen nacional de promoción de las energías renovables. La Ley 27.191, que modificó el régimen de fomento para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, establecía en su artículo 17 que el acceso y utilización de determinadas fuentes renovables no quedaban alcanzados por tributos específicos, cánones o regalías nacionales, provinciales o municipales durante el período previsto por la norma.
El municipio avanzó con la ordenanza durante el período en el que se discutía la continuidad de ese régimen. Desde la oposición sostienen que la administración de Wesner aprovechó esa situación para aprobar la nueva tasa.
El Ejecutivo municipal, en cambio, sostiene que se trata de una TISH, es decir, una tasa vinculada con servicios municipales de habilitación, inspección, fiscalización y control, y no de un impuesto específico sobre la generación eólica.
El Concejo Deliberante presentó la medida como un nuevo marco tributario destinado a regular una actividad productiva en crecimiento y a establecer un esquema de contribución para el desarrollo local.
La oposición llevó la ordenanza al Tribunal de Cuentas
La aprobación de la tasa terminó además con una presentación de concejales opositores ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Los bloques PRO, Juntos por Olavarría, UCR, La Libertad Avanza, Por Más Libertad y Partido Libertario cuestionaron el procedimiento utilizado para sancionar la ordenanza.
Uno de los principales argumentos planteados es que la aprobación se produjo en un escenario de empate y que el voto doble de la presidencia del Concejo Deliberante no habría alcanzado para cumplir con la mayoría absoluta que, según los opositores, exige la legislación bonaerense para este tipo de ordenanzas.
También cuestionaron que durante la Asamblea de Mayores Contribuyentes no hubiera existido un dictamen previo de la Comisión de Hacienda y señalaron modificaciones incorporadas al proyecto antes de su tratamiento definitivo. Estos cuestionamientos forman parte de la presentación opositora y deberán ser analizados por los organismos correspondientes.
El municipio defendió la nueva tasa
Wesner defendió la iniciativa y sostuvo que la medida no representa un impuesto creado específicamente para la energía eólica.
El intendente explicó que se trata de una TISH, similar a la que abonan otros comercios e industrias de la ciudad, y argumentó que el objetivo fue incorporar una actividad que hasta ahora no estaba contemplada dentro del esquema municipal.
Desde el Concejo Deliberante también señalaron que parte de los recursos obtenidos será destinada al Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial, cuyos fondos deben aplicarse a obras definidas junto con representantes del sector productivo local.
El curioso respaldo de Techint a la tasa
Uno de los aspectos que llamó la atención alrededor de la nueva ordenanza fue el respaldo de empresas vinculadas al grupo Techint, que cuenta con inversiones en parques eólicos de Olavarría.
Antes del tratamiento de la iniciativa, Ternium presentó una nota ante el Concejo Deliberante en la que expresó su acompañamiento al proyecto, especialmente por la incorporación de un esquema de estabilidad fiscal durante 20 años.
La empresa destacó que la previsibilidad tributaria es un factor relevante para evaluar inversiones de largo plazo y consideró que la iniciativa permite compatibilizar el desarrollo económico local con nuevos proyectos de infraestructura energética.
El propio Concejo Deliberante informó públicamente que Ternium respaldó el régimen y lo calificó como una propuesta que busca armonizar los intereses de la comunidad con la promoción de inversiones productivas.
Una tasa que abre un nuevo debate sobre las energías renovables
La discusión en Olavarría pone en el centro del debate la relación entre municipios, inversiones en energías renovables y régimen tributario.
Mientras el Ejecutivo local sostiene que la TISH permite regular una actividad económica y generar recursos para infraestructura, la oposición cuestiona tanto la legalidad del procedimiento como la posibilidad de aplicar la tasa en el marco de la legislación nacional de promoción de energías renovables.
Por ahora, la ordenanza 5901/26 está vigente y el conflicto institucional quedó planteado ante el Tribunal de Cuentas bonaerense. El caso podría convertirse así en un antecedente relevante para otros municipios que cuentan con parques eólicos y buscan establecer mecanismos de tributación sobre esta actividad.
