La medida contempla cambios en jubilaciones, salarios públicos, ayudas sociales y administraciones locales, mientras sindicatos y oposición anticipan nuevas protestas.
El Gobierno de Francia presentó este jueves su proyecto de presupuesto para 2027, con un plan de ahorro de €54.000 millones para reducir el déficit público y contener el crecimiento de la deuda. El ajuste impactará principalmente en jubilados, empleados públicos, administraciones locales y distintos programas sociales.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el primer ministro Sébastien Lecornu defendió el proyecto ante un escenario de fuerte presión sobre las cuentas públicas. El Ejecutivo busca reducir el déficit del 5,4% del PBI previsto para 2026 al 5% en 2027, aunque todavía se mantendría por encima del límite del 3% establecido por las reglas fiscales de la Unión Europea.
La presentación del presupuesto se produjo además en un contexto de creciente tensión social, con sindicatos y sectores de la oposición que ya anticiparon movilizaciones contra las medidas de austeridad.
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Qué incluye el ajuste de Francia para 2027
Del total de €54.000 millones de ahorro previsto, unos €45.000 millones corresponden a nuevas medidas.
El Gobierno estima que la economía francesa crecerá 1% durante 2027 y sostiene que, sin el paquete de recortes, el déficit podría alcanzar el 6,5% del PBI.
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Entre las principales medidas aparecen modificaciones en las jubilaciones, congelamiento de salarios públicos y restricciones sobre determinadas ayudas sociales. El gasto público quedaría congelado en términos nominales, aunque se exceptuarían partidas destinadas al servicio de la deuda y la defensa. En este último caso, los créditos aumentarían en unos €6.400 millones.
Jubilados y empleados públicos, entre los principales afectados
Uno de los puntos más sensibles del presupuesto son las jubilaciones. El Ejecutivo calcula obtener unos €5.500 millones de ahorro mediante distintas medidas.
Las pensiones superiores a €1.260 dejarían de actualizarse íntegramente de acuerdo con la inflación. Según las estimaciones oficiales citadas en el proyecto, esta modificación permitiría ahorrar unos €4.100 millones. También se reduciría el límite de la deducción fiscal del 10% para los jubilados: pasaría de €4.439 a €3.000.
Los empleados públicos también estarán alcanzados por el ajuste. El índice utilizado como referencia para los salarios permanecerá congelado, una medida con la que el Gobierno espera ahorrar aproximadamente €2.000 millones.
Además, las ayudas al alquiler permanecerán congeladas y la prima de actividad, que reciben alrededor de 4,5 millones de personas, dejaría de actualizarse automáticamente según la inflación. En cambio, quedarían excluidos de estos recortes el RSA, la prestación por discapacidad y la pensión mínima de vejez.
Las administraciones locales también deberán hacer un esfuerzo
El plan contempla además un ajuste para las administraciones locales. Según las estimaciones citadas en el proyecto, los gobiernos locales deberán afrontar un esfuerzo de alrededor de €5.400 millones.
El objetivo general del Ejecutivo francés es contener el gasto público mientras intenta reducir el déficit y estabilizar las cuentas del Estado.
La situación fiscal también está condicionada por el aumento del costo de financiamiento de la deuda. El tipo de interés de la deuda francesa a diez años llegó a niveles que no se registraban desde comienzos de la década de 2000, según los datos difundidos en torno a la presentación del presupuesto.
Francia también busca reducir el déficit de la Seguridad Social
Otro de los frentes del ajuste será la Seguridad Social. El Gobierno pretende reducir su déficit hasta ubicarse entre €12.000 y €13.000 millones, prácticamente la mitad del nivel previsto anteriormente.
Una parte del ahorro provendría de una mayor fiscalización de las bajas por enfermedad, incluidas determinadas indemnizaciones relacionadas con enfermedades de larga duración. Además, el Ministerio de Trabajo deberá identificar unos €2.500 millones de ahorro.
Las empresas también tendrán nuevas cargas
El sector privado tampoco quedará al margen del proyecto. El Gobierno prevé extender la sobretasa sobre los beneficios de las grandes empresas, que durante 2026 aportó alrededor de €7.500 millones, aunque con modificaciones.
También se plantea limitar determinadas exenciones de las cotizaciones patronales. A su vez, los concesionarios de autopistas y aeropuertos deberán aportar unos €800 millones adicionales. El proyecto también contempla un nuevo impuesto sobre determinados productos azucarados, dentro de las medidas vinculadas con la prevención de la obesidad.
Crece la tensión social en Francia
La presentación del presupuesto se produce después de una serie de movilizaciones contra las medidas de ajuste. Las ocho principales organizaciones sindicales de la función pública realizaron un llamamiento conjunto a la huelga, algo que no ocurría desde 2018.
Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, más de 200.000 personas participaron de las movilizaciones. Los sindicatos cuestionan especialmente el congelamiento de los salarios públicos y las medidas que afectan a las jubilaciones y a los servicios públicos.
La CGT, por ejemplo, reclamó intensificar la movilización contra lo que considera un presupuesto regresivo, mientras que la CFDT pidió que el esfuerzo fiscal sea distribuido entre los distintos sectores.
La oposición también rechaza el presupuesto
El Gobierno de Lecornu enfrenta además un escenario parlamentario complejo porque no cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
La izquierda ya anticipó su rechazo a varias de las medidas. La Francia Insumisa planteó la posibilidad de impulsar una moción de censura, mientras que el Partido Socialista calificó el proyecto de regresivo y reclamó modificaciones.
El Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen, mantiene una posición abierta respecto del presupuesto y todavía no definió si respaldará una eventual moción de censura. Lecornu, por su parte, aseguró que no recurrirá al artículo 49.3 de la Constitución francesa para aprobar el presupuesto sin una votación parlamentaria, siempre que la oposición no utilice mecanismos de obstrucción.
El presupuesto francés llega en plena tensión política
El proyecto deberá atravesar ahora el proceso parlamentario, mientras el Gobierno busca alcanzar un acuerdo que permita aprobar las cuentas de 2027 antes de fin de año.
El escenario se vuelve especialmente delicado porque Francia se encuentra a pocos meses de las elecciones presidenciales, lo que aumenta el peso político de las medidas económicas y sociales incluidas en el presupuesto. mAdemás, los sindicatos ya anunciaron nuevas jornadas de movilización para octubre, mientras distintos sectores reclaman cambios en el plan de ajuste.
El Gobierno francés enfrenta así un doble desafío: reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda sin profundizar el conflicto social y parlamentario que ya rodea al presupuesto de 2027.
