El Reino Unido advirtió que la ofensiva de Buenos Aires daña la relación bilateral.
La disputa por la explotación petrolera en las aguas próximas a las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo y elevó la tensión entre Argentina y el Reino Unido. Londres convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza después de que el Gobierno de Javier Milei iniciara un procedimiento de arbitraje internacional contra el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La respuesta británica llegó a través de Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien cuestionó la decisión argentina y sostuvo que el recurso presentado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. Londres también defendió el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales.
Argentina, en tanto, inició el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convemar con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos que considera ilegal en la plataforma continental. El Gobierno estableció además un plazo de dos semanas para que el proyecto sea detenido antes de avanzar con un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
Mientras crece la disputa diplomática, Rockhopper Exploration confirmó que el desarrollo del proyecto continúa según lo previsto. La compañía, que posee el 35% de Sea Lion frente al 65% de Navitas Petroleum, ratificó que mantiene como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028 y señaló que las medidas argentinas no modificaron su planificación.
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El proyecto contempla una primera etapa con 11 pozos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga con capacidad de aproximadamente 55.000 barriles diarios. Rockhopper informó además que obtuvo USD 180 millones mediante una colocación de acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta, recursos que permiten financiar el desarrollo hasta mediados de 2028.
La presión argentina sobre las empresas vinculadas al proyecto también aumentó durante septiembre. El Gobierno notificó a compañías relacionadas con la actividad hidrocarburífera en las islas y avanzó con medidas administrativas y judiciales. En paralelo, una jueza federal de Tierra del Fuego había dispuesto una medida cautelar sobre las perforaciones, aunque su aplicación quedó condicionada a la cooperación internacional y a la conducta de las empresas.
El conflicto ahora tendrá una nueva instancia internacional si Londres no modifica su posición. El arbitraje argentino no busca resolver directamente la cuestión de soberanía sobre las islas, sino cuestionar la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, la controversia incorpora un elemento adicional: el Reino Unido sostiene que las actividades de Sea Lion cumplen con el derecho internacional, mientras Argentina mantiene que la explotación requiere su autorización.
