Entre sobres lacrados y códigos secretos: la trastienda del operativo judicial en Comodoro Py para probar si la fortuna en bitcoins del exfuncionario es real.
La defensa de Manuel Adorni se presentó ante la fiscalía de Gerardo Pollicita para llevar a cabo el peritaje presencial de las ocho billeteras virtuales declaradas por el exfuncionario. La medida busca verificar la procedencia de los 591.000 dólares en criptomonedas que el ex jefe de Gabinete citó en su descargo para justificar su evolución patrimonial.
Durante la diligencia en los tribunales de Comodoro Py, la defensa del exfuncionario estuvo acompañada por un letrado de su equipo técnico, quien introdujo al sistema los códigos de acceso guardados en un sobre cerrado y lacrado. El procedimiento confirmó la capacidad operativa para firmar mensajes desde las direcciones informadas. No obstante, la investigación deberá determinar si Adorni controló efectivamente esas cuentas entre los años 2014 y 2018, identificando posibles intervenciones de terceros y los rastros de cada transacción.
La prueba criptográfica
Tras la comprobación inicial de las direcciones, la fiscalía aplicó un «mensaje desafío», un protocolo de verificación criptográfica que evalúa el control de una billetera digital sin revelar llaves privadas ni realizar movimientos de fondos. Este mecanismo genera un texto único que debe ser firmado mediante la clave privada de cada dirección y validado de forma pública.
Las constancias del procedimiento, junto con el «mensaje desafío», quedaron bajo la custodia de la fiscalía en pendrives y sobres lacrados. En el siguiente paso, el Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) realizará el cotejo formal entre la firma digital, el mensaje y la dirección pública asignada a cada billetera.
Los puntos clave del informe técnico
El fiscal Pollicita encomendó a los peritos de la PFA precisar un conjunto de aspectos normativos y informáticos sobre las 41 operaciones registradas entre 2014 y 2018:
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Marco regulatorio: Evaluar la normativa vigente para activos virtuales en la Argentina durante ese período, incluyendo el alcance de la Resolución UIF 300/2014 y los requerimientos de conservación de datos.
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Custodia vs. Autocustodia: Determinar si las direcciones analizadas correspondían a plataformas centralizadas o billeteras privadas (autocustodia), así como los estándares de identificación de usuarios requeridos en ese momento.
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Trazabilidad de claves y soporte: Analizar las modalidades de almacenamiento, como las paper wallets, las diferencias entre claves comprimidas y no comprimidas, y la factibilidad de conservar credenciales en soportes analógicos sin generar registros digitales.
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Identificación de usuarios: Establecer si la cadena de bloques (blockchain), las plataformas de intercambio o los proveedores de servicios de internet conservan registros de direcciones IP u otros datos capaces de asociar las operaciones a una persona física.
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Reconstrucción de ingresos y balance patrimonial
El peritaje criptográfico forma parte de una ampliación del análisis patrimonial que abarca los antecedentes laborales y tributarios del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
Informes remitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditaron que, hasta 2014, el matrimonio registró ingresos acumulados en pesos equivalentes a unos USD 335.000. En tanto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la compra formal de USD 85.000 en moneda extranjera dentro de ese período. Ante esto, el juez Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal para examinar la actividad tributaria de la pareja desde el inicio de sus vidas laborales (1998 para Adorni y 2000 para Angeletti).
El descargo de la defensa
Según la documentación aportada al expediente, Adorni sostuvo que la variación de sus bienes entre diciembre de 2023 y junio de 2026 responde a ganancias obtenidas mediante inversiones en bitcoin realizadas antes de asumir responsabilidades públicas.
La presentación argumenta que el matrimonio destinó USD 199.883,20 a la compra de criptomonedas en 2017 y que su posterior venta en 2018 generó un total de USD 591.544,61. Esas operaciones, según la defensa, se concertaron entre particulares mediante pagos en efectivo. Asimismo, el escrito precisó que los fondos en efectivo remanentes hacia fines de 2025 ascendían a USD 209.961,52, tras haberse utilizado parte de las ganancias en consumos, bienes y reformas edilicias.
Respecto a las obras realizadas en una vivienda del barrio cerrado Indio Cuá, el escrito fijó el desembolso en USD 175.000, desestimando la cifra de USD 245.000 presupuestada por el contratista de la obra. La defensa señaló que las observaciones sobre una inconsistencia patrimonial de $43.068.549 quedaron respaldadas por informes contables y técnicos presentados en la causa.
