El Gobierno español busca que el Congreso convalide dos decretos para proteger a los inquilinos y ampliar la estabilidad de los alquileres.
El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una votación decisiva en el Congreso de los Diputados por dos decretos destinados a responder a la crisis de vivienda y alquileres en España. La iniciativa llega en medio de protestas y de un escenario parlamentario marcado por la dificultad del Ejecutivo para reunir los apoyos necesarios.
Según pudo saber Notas de Actualidad, Sánchez pidió a los grupos parlamentarios “altura de miras” para aprobar las medidas y defendió que el paquete busca responder a la emergencia habitacional. El Gobierno había aprobado los dos reales decretos ley el 29 de septiembre y reclamó su convalidación en el Parlamento.
Qué medidas de vivienda impulsa Pedro Sánchez
Uno de los decretos contempla medidas para ampliar la protección frente a los desalojos hasta 2030 y extender la duración de determinados contratos de alquiler. También incluye restricciones para determinadas operaciones de fondos de inversión inmobiliaria.
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El segundo paquete, impulsado por Sumar, plantea una mayor estabilidad de los contratos de alquiler y contempla mecanismos de protección para los inquilinos ante determinadas situaciones.
El Gobierno sostiene que las medidas buscan reducir la presión sobre los hogares y mejorar el acceso a la vivienda. La Moncloa había presentado el paquete como una respuesta a la emergencia habitacional y pidió al Congreso que acompañara las iniciativas.
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La votación que pone a prueba los apoyos del Gobierno
El principal problema para Sánchez es conseguir los votos suficientes para que los decretos sean convalidados.
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El Gobierno de coalición necesita mantener acuerdos con distintos grupos parlamentarios para sacar adelante sus iniciativas. En este caso, PP y Vox anunciaron su rechazo, mientras que la posición de Junts aparece como uno de los factores centrales para definir el resultado de la votación.
La situación refleja la complejidad de la actual aritmética parlamentaria española. En los últimos meses, el Congreso también ha aprobado iniciativas sobre vivienda impulsadas por otros grupos, entre ellas una moción del Partido Popular que planteó, entre otras medidas, modificar la Ley por el Derecho a la Vivienda y reducir el IVA para la compra de una primera vivienda.
Protestas por la crisis de vivienda en España
La disputa parlamentaria se desarrolla mientras continúan las movilizaciones relacionadas con el precio de los alquileres y el acceso a la vivienda.
En Madrid, las protestas sumaron concentraciones frente al Congreso, mientras que en otros puntos del país se realizaron manifestaciones y cacerolazos en reclamo de medidas para facilitar el acceso a una vivienda. El Ejecutivo intenta presentar los decretos como parte de una respuesta política a un problema que Sánchez definió como una de las principales dificultades que enfrenta la sociedad española.
¿Pedro Sánchez podría adelantar las elecciones?
La falta de apoyos parlamentarios volvió a instalar el debate sobre un eventual adelanto electoral en España. Sin embargo, una convocatoria anticipada no se desprende automáticamente de una eventual derrota de los decretos de vivienda.
La Constitución española establece que el presidente del Gobierno puede proponer la disolución de las Cortes Generales, con los límites establecidos por el ordenamiento, mientras que los reales decretos ley deben ser sometidos al Congreso para su convalidación o derogación dentro del plazo constitucional correspondiente.
Por ahora, Sánchez mantiene públicamente su apuesta por conseguir los votos para aprobar las medidas. El 1 de octubre volvió a pedir a los grupos parlamentarios que respalden los decretos y sostuvo que el acceso a la vivienda requiere una respuesta institucional.
Un nuevo desafío para el Gobierno español
La votación sobre los decretos de vivienda representa así otro desafío parlamentario para Pedro Sánchez, en un momento en que la cuestión habitacional ocupa un lugar central en el debate político español.
El resultado permitirá medir nuevamente la capacidad del Ejecutivo para alcanzar acuerdos en un Congreso fragmentado y determinará el futuro inmediato de las medidas destinadas a proteger a los inquilinos.
