El Gobierno español aprobó medidas para extender contratos, reforzar la protección ante desalojos y limitar la compra de viviendas por fondos de inversión. Ahora el Congreso deberá convalidar los decretos.
El Gobierno de España aprobó este martes dos reales decretos-ley destinados a reforzar la protección de los inquilinos y abordar la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa el país. Las medidas fueron acordadas entre el PSOE y Sumar y entraron en vigor, aunque todavía dependen de su convalidación parlamentaria.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el paquete contempla nuevas herramientas para evitar determinados desalojos, extender los contratos vigentes y limitar la participación de grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario.

Entre las principales medidas se encuentra una mayor protección frente a los desalojos, con medidas que buscan extender la cobertura hasta 2030. También se establece la posibilidad de que determinados contratos de alquiler puedan prorrogarse automáticamente durante dos años.
Prórroga de los contratos de alquiler
Uno de los puntos centrales del paquete es la extensión extraordinaria de los contratos de alquiler vigentes.
Inundaciones en Tailandia: varios muertos y dos millones de afectados
La medida busca evitar que miles de inquilinos queden expuestos a la finalización de sus contratos en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de vivienda. Según el texto aprobado, determinados alquileres podrán extenderse durante un período de hasta dos años.
Elecciones Brasil 2026: qué está en juego y qué papel juega Trump en la campaña de Flávio Bolsonaro
El Gobierno también incluyó medidas relacionadas con la actualización de las rentas y otras condiciones del mercado de alquiler, aunque algunas de ellas generaron diferencias entre los distintos partidos que podrían ser determinantes durante la tramitación parlamentaria.
El límite a los fondos de inversión inmobiliaria
Otro de los puntos destacados es la restricción a la compra de viviendas por parte de determinados fondos de inversión inmobiliaria. La medida establece una prohibición para que estos fondos adquieran viviendas hasta 2028, una decisión que el Ejecutivo vincula con la necesidad de limitar determinadas operaciones de inversión en un mercado marcado por la presión sobre los precios.
El impactante video del nuevo alud que dejó al menos cuatro muertos y desaparecidos en Nepal
El Gobierno también incorporó regulaciones sobre los alquileres de temporada y de habitaciones, además de medidas fiscales vinculadas al acceso a la vivienda.
La presión por la crisis de vivienda
La aprobación de los decretos se produjo después de varios días de movilizaciones en España por la situación de los alquileres y los desalojos.
En Madrid, cientos de personas permanecieron acampadas en la Puerta del Sol para reclamar medidas frente a la crisis habitacional. Las protestas estuvieron vinculadas, entre otros reclamos, al caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desalojo generó una fuerte repercusión pública.
La situación volvió a colocar el acceso a la vivienda en el centro de la agenda política española y aumentó la presión sobre el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo con sus aliados parlamentarios.
Ahora la decisión queda en manos del Congreso
Aunque los decretos ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros y sus efectos comenzaron a aplicarse, el proceso todavía no terminó.
Los reales decretos-ley deben ser convalidados por el Congreso dentro de los 30 días posteriores a su aprobación. El Ejecutivo busca que el debate parlamentario se produzca de manera rápida para evitar que las medidas pierdan vigencia.
El escenario parlamentario todavía presenta incertidumbre. Algunos grupos, como Junts y Podemos, no habían definido su posición tras la aprobación y reclamaron revisar el contenido de los textos antes de fijar su voto. De esta manera, las próximas semanas serán determinantes para saber si las nuevas medidas sobre alquileres, desalojos y fondos de inversión quedan definitivamente incorporadas al marco legal español.
