La causa también recae sobre el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino: las acusaciones sobre un supuesto desvío de fondos provenientes del exterior.
Una nueva denuncia por supuesto lavado de dinero que involucra al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, será investigada por la Justicia Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
El expediente se acumuló a la causa que investiga la compra de una mansión ubicada en Pilar y valuada en 17 millones de dólares, operación que quedó bajo sospecha por la presunta utilización de testaferros vinculados con dirigentes del fútbol argentino.
La investigación había estado a cargo de la jueza federal porteña María Servini y se inició a partir de una denuncia presentada en marzo por el empresario Guillermo Tofoni. El planteo se basó en publicaciones periodísticas que señalaron la existencia de un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante casas de cambio y financieras de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa pasó a la Justicia Federal de Campana
La decisión de enviar el expediente a Campana fue tomada por el juez Alberto Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín. En su resolución, consideró que esa alternativa permite una investigación conjunta con otras denuncias que ya tramitan en ese juzgado.
Lugones sostuvo que la acumulación constituye “la solución que favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia”.
En el juzgado de González Charvay ya se concentran las actuaciones relacionadas con la mansión de Pilar, además de otra denuncia iniciada en Santiago del Estero por supuesto lavado de activos y asociación ilícita vinculada con los bienes de Toviggino.
A esas investigaciones se suma ahora el expediente relacionado con las presuntas maniobras financieras a través de casas de cambio y financieras porteñas.
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El caso había pasado previamente por el juzgado en lo penal económico de Diego Amarante, quien se declaró incompetente y remitió las actuaciones a Comodoro Py al considerar que el lavado de activos constituye un delito federal.
Amarante había entendido que, en este caso, los hechos denunciados podrían haberse cometido en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín resolvió enviarlo a Campana luego de un planteo del juzgado de González Charvay, que había reclamado la investigación.
Ahora, Servini deberá remitir el expediente al juzgado federal de Campana, donde quedará concentrado junto con las otras causas vinculadas con Tapia y Toviggino.
Qué se denunció sobre los fondos de la AFA
La denuncia presentada por Tofoni describió un presunto circuito de lavado de activos que habría comenzado con el desvío de fondos desde el exterior, puntualmente desde España y Estados Unidos, hacia intermediarias vinculadas con la AFA.
Según el planteo, esos fondos posteriormente habrían sido enviados a financieras ubicadas en el microcentro porteño, mientras que el destino final del dinero en efectivo, según la denuncia, habría sido la sede de la AFA en la calle Viamonte.
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El juez Amarante había resumido la hipótesis denunciada como un supuesto “circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño, habrían sido trasladados a un estudio jurídico, y finalmente habrían tenido como destino la sede central de la AFA en la calle Viamonte o el domicilio particular de uno de sus dirigentes”.
La investigación deberá determinar si existieron efectivamente esas operaciones, cuál habría sido el origen de los fondos y qué personas o entidades podrían haber intervenido en las maniobras denunciadas.
La causa por la mansión de Pilar
En paralelo, la investigación principal que tramita en Campana está vinculada con la compra de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes aparecen como compradores del predio.
El expediente llegó a Campana a partir de un pedido de la defensa de los imputados, que argumentó que la propiedad está ubicada en Pilar, dentro de la jurisdicción correspondiente al juzgado de González Charvay.
Sin embargo, la fiscalía cuestionó el traslado de la investigación y sostuvo que la compra del inmueble podría ser una consecuencia de presuntos delitos ejecutados previamente en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, pidió que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la decisión de mantener la causa en Campana.
Villar presentó un recurso extraordinario contra el traslado del expediente, que todavía debe ser resuelto por la Cámara Federal de Casación. De esta manera, la jurisdicción definitiva de la causa por la mansión continúa en discusión mientras el juzgado de Campana concentra nuevas denuncias relacionadas con el presunto manejo irregular de fondos.
