El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA y ordenó al Gobierno cumplir de inmediato con la Ley 27.795. Consideró que el decreto 759/2025 había condicionado su ejecución de manera inconstitucional.
La Justicia Federal declaró inconstitucional una parte del decreto firmado por el Gobierno de Javier Milei que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo ponerla en vigencia de manera inmediata.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de la demanda presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Qué decidió el juez sobre la Ley de Financiamiento Universitario
Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025 en el punto que condicionaba la ejecución de la Ley 27.795 a la determinación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas específicas al Presupuesto.
En su resolución, el magistrado ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo es de primera instancia, por lo que puede ser apelado.
Por qué la Justicia cuestionó el decreto de Milei
El Gobierno había promulgado la ley luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mediante el decreto 759/2025 condicionó su ejecución a que se establecieran las partidas presupuestarias correspondientes.
Para Cormick, esa condición terminó funcionando como una forma indirecta de impedir la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso.
El juez sostuvo que se trató de un “mecanismo extraconstitucional” y consideró que, después de que ambas cámaras insistieran con la norma con las mayorías requeridas, el Poder Ejecutivo debía promulgarla sin restricciones.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, establece medidas destinadas a garantizar recursos para las universidades públicas.
Entre otros puntos, contempla fondos para el funcionamiento de las instituciones, actualización de salarios docentes y no docentes, becas, investigación, tecnología y extensión universitaria.
El objetivo de la norma es garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de fortalecer las actividades académicas y científicas de las universidades.
El argumento del Gobierno y la respuesta judicial
El decreto cuestionado vinculaba la ejecución de la ley con el artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, que establece que las normas que dispongan gastos deben contemplar su financiamiento y, de lo contrario, pueden quedar suspendidas hasta que se incorporen las partidas correspondientes.
Sin embargo, Cormick consideró que ese argumento no justificaba frenar una ley que había sido sancionada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial.
El magistrado también señaló que el Ejecutivo contaba con herramientas para realizar modificaciones presupuestarias y recordó que durante 2025 se habían realizado distintas reasignaciones de partidas.
Qué pasa ahora con el financiamiento universitario
Con la sentencia, el Gobierno deberá avanzar con la aplicación de la Ley 27.795 y dictar las normas necesarias para su ejecución.
El fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales por el financiamiento del sistema público de educación superior.
La decisión judicial se suma a una medida cautelar previa que ya había ordenado cumplir determinados artículos de la ley vinculados con salarios y becas. Esa cautelar había sido confirmada durante el proceso judicial.
Ahora, con la sentencia de fondo, el juez Cormick avanzó un paso más y declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Gobierno para condicionar la aplicación de la ley.
