Los nuevos proyectos buscan agilizar las devoluciones, acelerar los trámites de asilo y reforzar los controles en las fronteras.
La crisis migratoria registrada en Ceuta llevó al Gobierno de España a acelerar una reforma de su sistema de extranjería y asilo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó dos anteproyectos de ley que buscan modificar los procedimientos para las personas que ingresan al país de manera irregular y para quienes solicitan protección internacional.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la decisión se produce pocas semanas después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma española, en un episodio que volvió a poner en el centro del debate la gestión de las fronteras, la capacidad de acogida y las políticas de asilo.
Las propuestas también buscan adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que comenzó a aplicarse este año en la Unión Europea.
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¿Qué medidas prepara España?
Uno de los principales objetivos de la reforma es agilizar las devoluciones de las personas que ingresen irregularmente en territorio español, especialmente cuando no cumplan los requisitos para permanecer en el país.
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Al mismo tiempo, el Gobierno plantea una nueva legislación sobre asilo que sustituiría a la normativa vigente desde 2009. El cambio pretende responder al fuerte aumento de solicitudes de protección internacional que recibe España.
Cuando se aprobó la actual ley, el país recibía alrededor de 3.000 solicitudes de asilo al año. Actualmente, esa cifra ronda las 144.000 solicitudes anuales, según los datos citados por el Gobierno.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que el objetivo es contar con un sistema «más ágil, eficaz y ordenado», aunque también aseguró que la reforma mantendrá las garantías para quienes necesiten protección.
Identificación de migrantes en un plazo de 72 horas
Otra de las principales modificaciones será el refuerzo del denominado procedimiento de triaje.
Este mecanismo contempla diferentes controles sobre las personas que llegan a España, entre ellos:
- Identificación de la persona recién llegada.
- Examen médico.
- Evaluación de posibles situaciones de vulnerabilidad.
- Comprobaciones de seguridad.
- Determinación del procedimiento migratorio que corresponde en cada caso.
Mientras que el marco europeo contempla un plazo máximo de siete días para este proceso, el Gobierno español pretende reducirlo a 72 horas. Además, el anteproyecto establece como objetivo que las solicitudes de asilo puedan resolverse en un período de tres meses.
¿Qué ocurrirá con los menores migrantes?
La reforma también incorpora medidas específicas para los menores extranjeros no acompañados. El proyecto contempla normas relacionadas con su tutela, la designación de representantes legales y la posibilidad de reunificación familiar.
Uno de los puntos centrales es que los menores no podrán ser devueltos automáticamente por haber ingresado de manera irregular en España.
La situación de los niños y adolescentes que llegan solos constituye uno de los aspectos más sensibles de la política migratoria española, especialmente en territorios como Ceuta y Melilla.
La crisis migratoria que aceleró la reforma
La decisión del Gobierno se produjo después de una llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta a finales de julio.
Según la información difundida sobre el episodio, decenas de miles de personas intentaron alcanzar el territorio español, muchas de ellas atravesando el mar a nado. El episodio provocó una grave crisis humanitaria y dejó numerosos fallecidos. La llegada de migrantes también generó una fuerte presión sobre las instalaciones de acogida de la ciudad autónoma.
A pocas semanas del episodio, miles de personas continuaban en Ceuta, mientras las autoridades analizaban cómo gestionar la situación y distribuir a los recién llegados.
Críticas de las organizaciones de ayuda a refugiados
La reforma no está exenta de críticas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) cuestionó algunos de los cambios planteados por el Gobierno y advirtió sobre posibles retrocesos en materia de protección internacional.
La organización sostiene que algunas de las nuevas disposiciones podrían hacer menos garantista el procedimiento para determinados solicitantes de asilo.
CEAR también señaló que España se encuentra entre los países de la Unión Europea que más solicitudes de protección internacional recibe, aunque considera que el porcentaje de solicitudes aprobadas continúa siendo reducido.
Entre los aspectos cuestionados se encuentra la posibilidad de considerar si una persona pasó previamente por otro país de asilo, si procede de un tercer país considerado seguro o si su país de origen está considerado seguro.
¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas?
Las medidas todavía no son definitivas. Los anteproyectos deberán pasar primero por diferentes organismos consultivos antes de llegar al Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, el Gobierno todavía tendrá que superar varias etapas legislativas y conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para que las reformas sean aprobadas.
El proceso podría convertirse en un nuevo desafío para Pedro Sánchez, debido a la situación política y a las dificultades del Ejecutivo para reunir mayorías suficientes en el Parlamento.
Una reforma en medio del debate migratorio europeo
La reforma española llega en un momento en el que la Unión Europea busca endurecer y coordinar sus políticas migratorias, con mayores controles en las fronteras exteriores y procedimientos más rápidos para determinar quién puede acceder a protección internacional.
Para el Gobierno de Sánchez, el desafío será encontrar un equilibrio entre un mayor control de las entradas irregulares y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de refugiados y de los derechos de los menores.
La crisis de Ceuta volvió a colocar esa tensión en primer plano y aceleró un debate que ahora deberá trasladarse al Parlamento español.
La crisis migratoria registrada en Ceuta llevó al Gobierno de España a acelerar una reforma de su sistema de extranjería y asilo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó dos anteproyectos de ley que buscan modificar los procedimientos para las personas que ingresan al país de manera irregular y para quienes solicitan protección internacional.
La decisión se produce pocas semanas después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma española, en un episodio que volvió a poner en el centro del debate la gestión de las fronteras, la capacidad de acogida y las políticas de asilo.
Las propuestas también buscan adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que comenzó a aplicarse este año en la Unión Europea.
¿Qué medidas prepara España?
Uno de los principales objetivos de la reforma es agilizar las devoluciones de las personas que ingresen irregularmente en territorio español, especialmente cuando no cumplan los requisitos para permanecer en el país.
Al mismo tiempo, el Gobierno plantea una nueva legislación sobre asilo que sustituiría a la normativa vigente desde 2009. El cambio pretende responder al fuerte aumento de solicitudes de protección internacional que recibe España.
Cuando se aprobó la actual ley, el país recibía alrededor de 3.000 solicitudes de asilo al año. Actualmente, esa cifra ronda las 144.000 solicitudes anuales, según los datos citados por el Gobierno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que el objetivo es contar con un sistema «más ágil, eficaz y ordenado», aunque también aseguró que la reforma mantendrá las garantías para quienes necesiten protección.
Identificación de migrantes en un plazo de 72 horas
Otra de las principales modificaciones será el refuerzo del denominado procedimiento de triaje.
Este mecanismo contempla diferentes controles sobre las personas que llegan a España, entre ellos:
- Identificación de la persona recién llegada.
- Examen médico.
- Evaluación de posibles situaciones de vulnerabilidad.
- Comprobaciones de seguridad.
- Determinación del procedimiento migratorio que corresponde en cada caso.
Mientras que el marco europeo contempla un plazo máximo de siete días para este proceso, el Gobierno español pretende reducirlo a 72 horas.
Además, el anteproyecto establece como objetivo que las solicitudes de asilo puedan resolverse en un período de tres meses.
¿Qué ocurrirá con los menores migrantes?
La reforma también incorpora medidas específicas para los menores extranjeros no acompañados.
El proyecto contempla normas relacionadas con su tutela, la designación de representantes legales y la posibilidad de reunificación familiar.
Uno de los puntos centrales es que los menores no podrán ser devueltos automáticamente por haber ingresado de manera irregular en España.
La situación de los niños y adolescentes que llegan solos constituye uno de los aspectos más sensibles de la política migratoria española, especialmente en territorios como Ceuta y Melilla.
La crisis migratoria que aceleró la reforma
La decisión del Gobierno se produjo después de una llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta a finales de julio.
Según la información difundida sobre el episodio, decenas de miles de personas intentaron alcanzar el territorio español, muchas de ellas atravesando el mar a nado. El episodio provocó una grave crisis humanitaria y dejó numerosos fallecidos.
La llegada de migrantes también generó una fuerte presión sobre las instalaciones de acogida de la ciudad autónoma.
A pocas semanas del episodio, miles de personas continuaban en Ceuta, mientras las autoridades analizaban cómo gestionar la situación y distribuir a los recién llegados.
Críticas de las organizaciones de ayuda a refugiados
La reforma no está exenta de críticas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) cuestionó algunos de los cambios planteados por el Gobierno y advirtió sobre posibles retrocesos en materia de protección internacional.
La organización sostiene que algunas de las nuevas disposiciones podrían hacer menos garantista el procedimiento para determinados solicitantes de asilo.
CEAR también señaló que España se encuentra entre los países de la Unión Europea que más solicitudes de protección internacional recibe, aunque considera que el porcentaje de solicitudes aprobadas continúa siendo reducido.
Entre los aspectos cuestionados se encuentra la posibilidad de considerar si una persona pasó previamente por otro país de asilo, si procede de un tercer país considerado seguro o si su país de origen está considerado seguro.
¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas?
Las medidas todavía no son definitivas. Los anteproyectos deberán pasar primero por diferentes organismos consultivos antes de llegar al Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, el Gobierno todavía tendrá que superar varias etapas legislativas y conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para que las reformas sean aprobadas.
El proceso podría convertirse en un nuevo desafío para Pedro Sánchez, debido a la situación política y a las dificultades del Ejecutivo para reunir mayorías suficientes en el Parlamento.
Una reforma en medio del debate migratorio europeo
La reforma española llega en un momento en el que la Unión Europea busca endurecer y coordinar sus políticas migratorias, con mayores controles en las fronteras exteriores y procedimientos más rápidos para determinar quién puede acceder a protección internacional.
Para el Gobierno de Sánchez, el desafío será encontrar un equilibrio entre un mayor control de las entradas irregulares y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de refugiados y de los derechos de los menores.
La crisis de Ceuta volvió a colocar esa tensión en primer plano y aceleró un debate que ahora deberá trasladarse al Parlamento español.
