Su Gobierno también avanzó contra algunos de los principales objetivos del narcotráfico, incluida la captura del llamado “Diablo”.
Costa Rica endurece su estrategia contra el crimen organizado. La presidenta Laura Fernández anunció la próxima inauguración de una megacárcel con capacidad para 5.000 internos, como parte de un plan destinado a combatir el narcotráfico, reducir la violencia y recuperar el control del sistema penitenciario.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el anuncio fue realizado durante su discurso de toma de posesión, el 8 de mayo de 2026, cuando la mandataria prometió una política de mayor firmeza frente al crimen organizado y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial.
La nueva prisión estará inspirada en el modelo de los centros de máxima seguridad implementados en El Salvador y será acompañada por un moderno centro de vigilancia policial.
Pero la estrategia del Gobierno costarricense no se limita a la construcción de infraestructura penitenciaria. Durante los meses siguientes, las autoridades consiguieron capturar y extraditar a importantes sospechosos vinculados con redes internacionales de narcotráfico, en una ofensiva que ha puesto nuevamente a Costa Rica en el centro de la lucha regional contra el crimen organizado.
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Una megacárcel para 5.000 internos
Durante su discurso presidencial, Fernández afirmó que Costa Rica necesita recuperar la confianza de la población en las instituciones y fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen.
La mandataria anunció que próximamente será inaugurada una megacárcel para 5.000 internos, diseñada para alojar a personas consideradas de alta peligrosidad. El proyecto busca reforzar la capacidad del sistema penitenciario y evitar que los líderes de organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
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La construcción se enmarca en una política de seguridad que también contempla una mayor vigilancia sobre los centros penitenciarios y nuevas medidas para impedir que las estructuras criminales mantengan comunicación y coordinación desde prisión.
El propio Gobierno costarricense ha buscado estudiar experiencias de otros países. En mayo, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, viajó a El Salvador para conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y su programa penitenciario. Así consta en documentos oficiales publicados en La Gaceta.
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Costa Rica también fue contra los grandes objetivos del narcotráfico
La política de mano dura comenzó a mostrar resultados con operaciones dirigidas contra algunos de los principales objetivos del narcotráfico en el país.
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Uno de los golpes más importantes ocurrió en julio de 2026, cuando las autoridades capturaron a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, señalado como uno de los narcotraficantes más buscados de Costa Rica.
La captura se produjo después de un intenso operativo en Sarapiquí, cerca de la frontera con Nicaragua. El procedimiento terminó en un enfrentamiento armado en el que resultaron heridos varios policías.
Según reportes sobre el operativo, Arias es señalado como líder de una organización criminal transnacional relacionada con una parte importante de la violencia vinculada al narcotráfico en Costa Rica. Estados Unidos había ofrecido una recompensa de US$500.000 por información que permitiera localizarlo.
La operación también terminó con la detención de otro presunto integrante de la organización y la muerte de un tercer sospechoso.
Dos importantes narcotraficantes fueron extraditados a Estados Unidos
La ofensiva contra el narcotráfico también tuvo una dimensión internacional. En agosto, Costa Rica extraditó a Estados Unidos a Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, y Gabriel Lozano, alias “Compadre”, para que enfrenten procesos judiciales ante una corte federal en Nueva York.
Bell, de 62 años, había sido sancionado por Estados Unidos en 2023 por su presunto papel en la transformación de Costa Rica en un importante punto de tránsito para el narcotráfico. Lozano, de nacionalidad colombiana y posteriormente ciudadano costarricense, está acusado de facilitar el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia los mercados del norte.
Estas extradiciones forman parte de una estrategia más amplia de cooperación entre Costa Rica, Estados Unidos y otros países para combatir las redes internacionales de tráfico de drogas.
El narcotráfico se convirtió en uno de los principales desafíos de Costa Rica
Durante años, Costa Rica fue considerada uno de los países más estables y seguros de América Latina. Sin embargo, el crecimiento del narcotráfico y de las organizaciones criminales ha provocado un fuerte aumento de la violencia.
El país dejó de ser solamente un territorio utilizado para el tránsito de drogas y se convirtió también en un punto estratégico para la distribución y reexportación de cocaína hacia otros mercados.
El fiscal general Carlo Díaz ha advertido que Costa Rica enfrenta una transformación del fenómeno del narcotráfico y que las organizaciones criminales tienen cada vez mayor capacidad para operar dentro del territorio.
Esta situación explica buena parte de la presión que enfrenta el Gobierno de Fernández para presentar resultados concretos en materia de seguridad.
El Gobierno también busca impedir que los narcos operen desde las cárceles
La estrategia oficial no se limita a encerrar a los delincuentes.
Fernández también ha planteado medidas destinadas a cortar las comunicaciones de los líderes criminales desde prisión. Entre ellas aparece una propuesta para permitir la grabación de visitas a privados de libertad de máxima seguridad, incluso aquellas realizadas por sus abogados.
La iniciativa generó cuestionamientos de especialistas en derecho, debido a las posibles implicaciones sobre el derecho de defensa y la confidencialidad entre abogados y clientes.
El debate refleja una de las principales dificultades que enfrenta Costa Rica: combatir estructuras criminales cada vez más sofisticadas sin debilitar las garantías fundamentales del sistema democrático.
La lucha contra el crimen también llegó a las fuerzas de seguridad
Otro de los problemas que enfrenta el Gobierno es la posible penetración del crimen organizado dentro de las propias instituciones.
Un informe de inteligencia conocido en agosto señaló a 116 policías por presuntos vínculos con organizaciones criminales, relacionados con actividades como narcotráfico, contrabando y trata de personas.
De acuerdo con el reporte, algunos agentes habrían brindado apoyo logístico a cargamentos de droga y coordinado operaciones vinculadas con aterrizajes ilegales. El documento fue remitido a la Fiscalía para su investigación.
Fernández ha defendido medidas más estrictas para depurar los cuerpos de seguridad y ha señalado que durante 2025 fueron despedidos decenas de oficiales por casos de corrupción.
Una ofensiva que genera tensión con el Poder Judicial
La estrategia de seguridad de Fernández también ha provocado una fuerte confrontación con sectores del Poder Judicial.
La presidenta sostiene que las instituciones deben actuar con mayor firmeza frente a los delincuentes más peligrosos. En paralelo, distintos sectores han cuestionado algunas de las propuestas del Gobierno por considerar que podrían afectar garantías constitucionales o debilitar los controles institucionales.
La tensión se intensificó durante el segundo semestre del año, cuando el Gobierno y el Poder Judicial protagonizaron fuertes cruces públicos relacionados con la seguridad y el funcionamiento de las instituciones.
¿Puede la megacárcel cambiar la lucha contra el narcotráfico?
La construcción de una prisión para 5.000 internos representa uno de los proyectos más ambiciosos de la política de seguridad de Costa Rica. Sin embargo, el desafío va mucho más allá de levantar una cárcel.
El país necesita fortalecer las investigaciones contra las estructuras financieras del narcotráfico, mejorar el control de las fronteras, impedir que las organizaciones criminales penetren las instituciones y garantizar que los líderes detenidos no puedan continuar dirigiendo sus operaciones desde prisión.
La captura de “Diablo” y las extradiciones de “Macho Coca” y “Compadre” muestran que las autoridades están apuntando a figuras relevantes de las redes criminales. Pero el verdadero desafío será conseguir que esas operaciones formen parte de una estrategia permanente y no de acciones aisladas.
Costa Rica endurece su respuesta frente al crimen organizado
La llegada de Laura Fernández a la Presidencia marcó el comienzo de una nueva etapa en la política de seguridad costarricense. La megacárcel para 5.000 internos, las operaciones contra grandes objetivos del narcotráfico, las extradiciones a Estados Unidos y las nuevas medidas para controlar las comunicaciones de los presos forman parte de una estrategia que busca recuperar el control frente al avance de las organizaciones criminales.
El Gobierno apuesta por una respuesta mucho más dura, mientras el país debate hasta dónde puede llegar esa política sin poner en riesgo las garantías y los contrapesos institucionales.
La gran incógnita será si la nueva infraestructura penitenciaria y las capturas de algunos de los principales objetivos del narcotráfico consiguen traducirse en una reducción sostenida de la violencia y en un golpe definitivo a las estructuras criminales que han transformado el panorama de seguridad de Costa Rica.
Fuentes Agencias Internacionales y CNN
