La presidenta Laura Fernández presentó el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad ubicada en Alajuela.
Costa Rica inauguró una megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El establecimiento, denominado Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), fue presentado por la presidenta costarricense, Laura Fernández, como parte de su estrategia para combatir a las organizaciones criminales.
Según pudo saber Notas de Actualidad, ubicada en Alajuela, a unos 19 kilómetros de San José, la prisión tendrá capacidad para albergar a 5.100 detenidos distribuidos en cinco módulos. Durante la inauguración, Fernández defendió una política de mayor dureza contra la delincuencia y aseguró: “Vamos a aplicar mano dura porque quien la hace la paga”.
La construcción toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una de las principales insignias de la política de seguridad impulsada por Bukele. Sin embargo, especialistas advierten que trasladar este modelo a Costa Rica no garantiza que se obtengan los mismos resultados.
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Cómo es la megacárcel de Costa Rica inspirada en el modelo Bukele
El CACCO comenzó a construirse durante la gestión del expresidente Rodrigo Chaves, quien visitó El Salvador en diciembre de 2025 para conocer el funcionamiento del CECOT y la estrategia de seguridad del Gobierno salvadoreño. La nueva prisión busca reforzar el control sobre los integrantes de bandas criminales y reducir su capacidad de organización desde el interior de los centros penitenciarios. El plan contempla cinco módulos y una capacidad total de 5.100 internos.
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Según lo anunciado por las autoridades, el primer grupo de detenidos será trasladado hacia fines de octubre. Entre ellos habrá personas condenadas, presuntos líderes de organizaciones criminales vinculados con extorsiones dentro de las cárceles e integrantes de bandas delictivas. También se prevé el traslado de presos que hayan atacado a policías y miembros de las fuerzas de seguridad, una medida solicitada expresamente por Fernández.
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Otra de las iniciativas anunciadas contempla que los uniformes de los internos sean confeccionados por mujeres privadas de su libertad, mediante un programa orientado a reducir el ocio en las cárceles. La materia prima para la elaboración de las prendas provendrá de donaciones del sector privado.
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Laura Fernández defendió la política de mano dura
La inauguración de la prisión se enmarca en el giro hacia una política de seguridad más estricta en Costa Rica, en un contexto en el que el modelo de Bukele ganó visibilidad en distintos países de América Latina.
La cercanía política entre ambos gobiernos ya había generado repercusiones durante el proceso electoral costarricense. En enero de 2026, el mandatario salvadoreño visitó Costa Rica, en plena campaña, y su estrategia de seguridad se convirtió en uno de los ejes del debate público.
El partido Pueblo Soberano retuvo el Poder Ejecutivo y Fernández asumió la Presidencia. En su administración, el expresidente Rodrigo Chaves quedó al frente de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, según la información difundida.
Para Juan Ramón Maldonado, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Don Bosco y analista político citado por CNN, la inauguración también tiene un impacto regional para Bukele, al reforzar la percepción de que su estrategia puede replicarse en otros países.
El especialista consideró que mostrar la expansión de este modelo podría beneficiar la imagen del presidente salvadoreño de cara a las próximas elecciones.
El modelo Bukele y las críticas por los derechos humanos
El Salvador registró una fuerte caída de los homicidios durante la aplicación de las políticas de seguridad de Bukele. Sin embargo, su estrategia también recibió numerosas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, cuestionamientos que el mandatario ha rechazado en reiteradas oportunidades.
Uno de los pilares de su política es el régimen de excepción, vigente desde 2022, que amplió las facultades de las fuerzas de seguridad para detener a sospechosos de pertenecer a pandillas.
En una conferencia de prensa, Bukele defendió la continuidad de esa medida y sostuvo que todavía es necesaria, aunque reconoció que deberá levantarse en algún momento. Para explicar su postura, comparó a las pandillas con un cáncer y describió el régimen de excepción como una “quimioterapia” que permitió contener la violencia.
La seguridad continúa siendo una de las principales banderas políticas del mandatario salvadoreño. No obstante, el debate sobre los costos institucionales y las garantías individuales sigue acompañando a su estrategia.
Por qué Costa Rica podría no obtener los mismos resultados que El Salvador
Aunque la construcción del CACCO representa una apuesta por endurecer la respuesta contra el crimen organizado, los especialistas advierten que el contexto costarricense presenta diferencias importantes respecto del salvadoreño.
Maldonado señaló que Costa Rica cuenta con un marco constitucional y una estructura institucional distintos. En particular, destacó que el Poder Ejecutivo costarricense no controla al Poder Judicial, una diferencia que considera relevante para evaluar la posibilidad de aplicar un esquema similar al de El Salvador.
La ausencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en la inauguración también evidenció las tensiones entre las instituciones. Durante su gestión presidencial, Rodrigo Chaves había mantenido enfrentamientos públicos con el Poder Judicial y cuestionado su actuación.
Por eso, la apertura de la megacárcel no permite anticipar por sí sola una reducción de los delitos. El impacto dependerá de la estrategia integral que implemente el Gobierno de Fernández, de la coordinación entre las instituciones y de la respuesta de las organizaciones criminales.
Con el CACCO, Costa Rica apuesta a reforzar el control penitenciario y a endurecer su política contra las bandas delictivas. El desafío será determinar si la infraestructura y las medidas adoptadas se traducen en resultados sostenidos en materia de seguridad, sin dejar de lado las garantías constitucionales.
