La Cámara Federal de Casación hizo lugar a un planteo de la defensa del ex Presidente.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría la resolución que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de Gustavo Hornos, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal federal.
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El fallo hizo lugar a un planteo de la defensa del ex mandatario, en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, quien había solicitado que se dictara la falta de mérito y se profundizara la investigación mediante nuevas medidas de prueba.
En ese contexto, el voto mayoritario consideró que no existió controversia entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal respecto de la situación procesal de Fernández, ya que ambas partes coincidían en la necesidad de revisar el procesamiento. Por ese motivo, concluyeron que la Cámara Federal se apartó de las posiciones planteadas durante la audiencia al confirmar la medida.
En consecuencia, Casación anuló el fallo que había ratificado el procesamiento y el embargo de bienes por más de 14.600 millones de pesos, y dispuso que se dicte una nueva resolución.
En disidencia, el juez Hornos sostuvo que el recurso debía ser declarado inadmisible al no tratarse de una sentencia definitiva. Además, remarcó que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, se había pronunciado por rechazar el planteo de la defensa, criterio que consideró debía prevalecer.
Hornos también afirmó que el procesamiento se encontraba debidamente fundado en las constancias de la causa, en la que se investiga un presunto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.
La investigación se centra en posibles irregularidades derivadas del Decreto 823/2021, que centralizó la contratación de seguros en Nación Seguros S.A. Según la causa, el mecanismo habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado, lo que podría haber generado un perjuicio para el Estado.
