La Justicia avanza con estudios genéticos mientras intenta reconstruir lo ocurrido: quién es el principal sospechoso.
El caso de la clínica Santa María de Villa Ballester, donde fueron hallados ocho fetos durante un operativo judicial, avanza hacia una instancia clave. La medida se dio en el marco de la búsqueda de respuestas por la situación de una niña de 12 años embarazada de ocho meses tras una violación intrafamiliar.
Según supo Notas de Actualidad, investigación está a cargo de la UFI N°14 de San Martín, bajo la dirección de la fiscal Vanesa Leggio, quien solicitó a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense la realización de estudios genéticos sobre los fetos. De los ocho encontrados, cinco estaban completamente formados y tres eran embriones.
Tres claves de la investigación y una hipótesis abierta
El objetivo de los análisis es múltiple. En primer lugar, la fiscal busca determinar si las interrupciones del embarazo se realizaron dentro del marco legal establecido por la Ley 27.610 o si existieron irregularidades. En este sentido, una inspección del Ministerio de Salud provincial detectó solo infracciones menores, por lo que la clínica continúa en funcionamiento.
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En segundo término, los estudios de ADN permitirán establecer si uno de los fetos corresponde al embarazo de la menor, oriunda de Monte Quemado. Según la historia clínica secuestrada, el aborto fue practicado y ese mismo día se realizaron otros dos procedimientos similares.
La tercera línea de investigación se vincula con una hipótesis más grave. El juez federal Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, analiza la posibilidad de un delito de trata de personas. La sospecha apunta a que, dado el avanzado estado del embarazo, el bebé podría haber nacido con vida para luego ser entregado o vendido. Si el feto de la menor se encuentra entre los analizados, esta hipótesis quedaría descartada.
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En paralelo, el fiscal santiagueño Santiago Bridoux también sigue de cerca el resultado de los estudios, ya que podrían permitir identificar el ADN del agresor. En su causa hay dos prófugos, entre ellos un primo de la menor de 27 años, señalado como principal sospechoso.
La situación de la víctima y el rol de una ONG
El caso también expone un contexto de alta vulnerabilidad. La niña vive con su madre, una mujer de 47 años que percibe una pensión y no cuenta con empleo formal. Ambas residen en una zona rural alejada, y el padre de la menor falleció años atrás. La niña, sin embargo, continúa escolarizada.
Otro punto bajo análisis es la intervención de la Fundación CIGESAR, una organización dedicada al acceso al aborto legal. Según fuentes judiciales, la ONG podría haber financiado el traslado y la estadía de la menor en Buenos Aires, aunque no está confirmado si sus integrantes serán citados a declarar.
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El médico Damián Levy, presidente de la fundación, sostuvo públicamente que la interrupción del embarazo se realizó dentro del marco legal, aunque no brindó detalles sobre su participación en el caso.
La repentina llegada de la menor a Buenos Aires activó el allanamiento en la clínica, en una carrera contra el tiempo para preservar pruebas genéticas que permitan avanzar en la causa.
Mientras se esperan los resultados de los estudios, persiste una posibilidad que preocupa a los investigadores: que el feto correspondiente a la menor no esté entre los hallados. De confirmarse, el caso podría abrir un escenario aún más complejo.
