Guillermo Michel propone eliminar las ventajas fiscales que reciben las empresas trasandinas por invertir en territorio nacional, en medio de la reactivación de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino prevista para el mes próximo
El diputado nacional Guillermo Michel, del bloque peronista de Entre Ríos, presentó un proyecto de ley para que Argentina denuncie dos tratados bilaterales con Chile que otorgan beneficios económicos y fiscales a las empresas de ese país que invierten en territorio argentino. La iniciativa llega en respuesta directa al retorno de la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, prevista para noviembre.
El disparador fue concreto: el anuncio de la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, con destino a Puerto Argentino. Ese servicio busca abastecer a los habitantes del archipiélago y restablecer una conexión comercial regular. Para Michel, esa operación equivale a prestar «colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino».
El proyecto instruye al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar dos acuerdos vigentes. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre Argentina y Chile, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en materia de renta y patrimonio, aprobado por la Ley 27.274. Ambos instrumentos fijan topes a las retenciones que deben afrontar las empresas chilenas sobre dividendos, intereses y regalías obtenidos en el país.
«Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales», planteó Michel. Desde esa premisa, el legislador argumenta que mantener ventajas económicas y fiscales para Chile resulta incompatible con la postura que ese país adopta respecto al archipiélago. «No puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino», agregó.
Al mismo tiempo, Michel fue preciso en cuanto al alcance de la medida. «El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas», afirmó el diputado, que sí dejó en claro que Argentina no puede sostener esas ventajas mientras Chile mantenga esa posición respecto a Malvinas. La frase que resume su postura es directa: «Tienen que decidirse».
