Industriales advierten que la decisión reduce la generación de empleo y limita el efecto económico de una de las mayores inversiones previstas para el país.
La decisión de importar desde China una ciudad modular destinada a alojar a miles de trabajadores de un megaproyecto minero en San Juan abrió una fuerte controversia entre empresas, cámaras industriales y proveedores nacionales.
El contrato para construir el campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., que proveerá módulos prefabricados fabricados en el país asiático para abastecer las necesidades habitacionales del proyecto minero Vicuña, según supo Notas de Actualidad.
Minería: qué herramientas financieras analizan bancos y empresas para impulsar nuevas inversiones
La medida despertó críticas de distintos sectores empresariales, que sostienen que la industria nacional cuenta con capacidad para desarrollar este tipo de infraestructura y alertan por el impacto que la importación tendrá sobre el empleo y la cadena de proveedores argentinos.
Cómo será la ciudad modular para el proyecto minero
La primera etapa contempla la instalación de 2.500 camas en el complejo Batidero. Sin embargo, debido al sistema de trabajo rotativo habitual en la minería, se estima que entre 3.500 y 5.000 personas utilizarán las instalaciones.
Con el avance de las obras, la demanda podría crecer hasta alcanzar 12.000 trabajadores, lo que obligaría a ampliar el complejo hasta unas 6.000 plazas habitacionales.
Los módulos elegidos son estructuras prefabricadas de acero que llegan prácticamente listas para ser utilizadas. Incluyen mobiliario, equipamiento y electrodomésticos, y fueron diseñados para soportar las condiciones climáticas extremas de la cordillera sanjuanina.
La oferta ganadora fue de 52 millones de dólares, mientras que la propuesta presentada por la empresa argentina Modular Homes ascendía a 70 millones de dólares.
El reclamo de la industria argentina
Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular, su presidente, Juan Pablo Rudoni, cuestionó la adjudicación y afirmó que el ahorro obtenido representa una porción mínima frente a la inversión total del emprendimiento.
El proyecto Vicuña, impulsado por las compañías mineras Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de 18.000 millones de dólares hasta 2040, por lo que la diferencia entre ambas ofertas equivale a una fracción muy reducida del desembolso total.
Rudoni sostuvo que fabricar los módulos en Argentina habría permitido generar más de 400 empleos directos, mientras que la importación solo requerirá alrededor de 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
Además, aseguró que unas cincuenta empresas nacionales podrían haber participado de la cadena de suministro gracias a la utilización de acero, paneles y otros componentes producidos localmente.
El debate por el impacto del RIGI
Uno de los principales cuestionamientos del sector empresario apunta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según los representantes de la industria modular, las exenciones impositivas contempladas en ese esquema otorgaron ventajas competitivas a los proveedores extranjeros y dificultaron la competencia de las firmas nacionales.
Xi Jinping y Kim Jong-un: cómo nació la compleja relación entre China y Corea del Norte
Rudoni afirmó que una empresa argentina con beneficios similares podría haber presentado una propuesta más competitiva. De acuerdo con sus estimaciones, los incentivos fiscales pueden representar una reducción cercana al 30% en los costos finales de un proyecto.
El dirigente también rechazó los argumentos relacionados con una supuesta falta de capacidad local para ejecutar obras de gran escala. Recordó que empresas argentinas participaron en la construcción de campamentos energéticos para más de 1.600 personas y que durante la pandemia se levantaron hospitales modulares en tiempos récord.
El megaproyecto que busca transformar la minería argentina
Vicuña es considerado uno de los desarrollos mineros más ambiciosos de la historia del país. La iniciativa contempla una primera inversión de 7.000 millones de dólares para la construcción y puesta en marcha del yacimiento Josemaría, con una posterior expansión hacia el depósito Filo del Sol.
El objetivo es posicionar a Argentina entre los principales productores mundiales de cobre mediante una producción estimada de 400.000 toneladas anuales durante 25 años.
Mientras las empresas impulsoras defienden la elección de los módulos chinos por su rapidez de instalación y capacidad de expansión, cámaras empresariales y fabricantes nacionales reclaman una mayor participación de proveedores locales en proyectos estratégicos.
El debate reabre una discusión de fondo sobre el impacto de las grandes inversiones en la economía argentina: cómo equilibrar la llegada de capitales internacionales con la generación de empleo, el desarrollo industrial y la integración de empresas nacionales en las principales obras de infraestructura del país.
