La medida se extendió hasta el 1° de septiembre de 2027 y permite que los trabajadores rurales temporarios registrados mantengan los beneficios sociales. La Uatre había advertido que la falta de renovación ponía en riesgo 120.000 puestos de trabajo.
El Gobierno nacional prorrogó por un año el régimen que permite compatibilizar los planes sociales con el empleo rural temporario registrado. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1204/2026, que extendió la vigencia de la normativa hasta el 1° de septiembre de 2027, luego de más de un mes de demora y de reiterados reclamos sindicales.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la medida busca facilitar la contratación formal de trabajadores durante las campañas agrícolas sin que pierdan automáticamente los beneficios sociales que reciben. El mecanismo apunta a promover el empleo registrado, garantizar la disponibilidad de mano de obra en las economías regionales y brindar mayor previsibilidad tanto a los trabajadores como a los productores.
La prórroga lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. De esta manera, el Ejecutivo renovó el régimen establecido originalmente por el Decreto 514/2021, durante la gestión de Alberto Fernández.
Qué establece la prórroga de los planes sociales para trabajadores rurales
El Decreto 1204/2026 dispone extender por un año la vigencia del régimen de compatibilidad entre las prestaciones sociales y el trabajo rural temporario registrado, junto con sus normas complementarias y aclaratorias que resulten aplicables.
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La normativa permite que los trabajadores rurales sean contratados formalmente durante los períodos de actividad agrícola sin perder automáticamente la cobertura social de la que depende su grupo familiar.
El objetivo es evitar que la posibilidad de acceder a un empleo registrado se convierta en un obstáculo para quienes reciben prestaciones sociales. En sectores caracterizados por la estacionalidad de las tareas, mantener esta compatibilidad puede facilitar la incorporación de trabajadores a las campañas de cosecha y otras actividades productivas.
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Según los fundamentos del decreto, el régimen contribuyó a la inclusión laboral, a la mejora de los ingresos y a las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias.
El reclamo de la Uatre por 120.000 puestos de trabajo
La renovación de la medida había sido reclamada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que advirtió sobre las consecuencias laborales y productivas de una eventual discontinuidad del régimen.
La normativa había vencido el 1° de septiembre de 2026 y, ante la falta de una prórroga inmediata, el gremio intensificó sus gestiones ante el Ministerio de Capital Humano. Incluso, envió una carta a Sandra Pettovello para solicitar la continuidad del mecanismo.
En esa presentación, el secretario general de la Uatre, José Voytenco, alertó que la falta de renovación ponía en riesgo 120.000 puestos de trabajo rurales.
El dirigente sostuvo que la interrupción del régimen no representaba solamente una dificultad administrativa, sino también una amenaza para las familias que dependen del empleo temporario y para la continuidad de las actividades productivas en el interior del país.
Además, señaló que la posibilidad de conservar los beneficios sociales durante las campañas agrícolas favorece la formalización laboral y permite que los trabajadores accedan a empleos registrados sin perder de manera automática la red de protección de sus hogares.
Qué impacto tiene la medida en las economías regionales
La continuidad del régimen resulta relevante para las actividades agropecuarias que dependen de contrataciones temporarias y de una mayor demanda de mano de obra durante determinadas etapas del año.
Desde el Gobierno señalaron que distintos representantes de las economías regionales, organizaciones sindicales y asociaciones de productores manifestaron la conveniencia de mantener la normativa. La prórroga busca sostener un esquema que facilite la contratación formal, mejore los ingresos de los trabajadores y reduzca los obstáculos para cubrir puesyos durante las campañas agrícolas.
Con la extensión hasta septiembre de 2027, el Ejecutivo mantiene vigente una herramienta destinada a compatibilizar la protección social con el acceso al empleo registrado. La decisión responde, además, a uno de los principales reclamos del gremio rural, que había advertido sobre el impacto que la interrupción del régimen podía tener en miles de familias y en la actividad productiva del interior.
