Del proyecto de Viedma a la propuesta de Santiago del Estero, la discusión el cambio respecto del poder político tuvo varias etapas.
El 10 de enero de de 2014, once años atrás, hice un racconto de los diversos intentos de traslado de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otras ciudades del país de la capital argentina, algo nunca concretado y que en ese tiempo fue cuando se estuvo más carca de lograrlo.
La conducción del Estado obligaba a resolver problemas a diario pero también, y centralmente, a elaborar proyectos estratégicos que preveyeran las grandes transformaciones de cada país que trasciendan el corto plazo y se inserten en los cambios que se impulsan y avecinan en el marco internacional.
En ese marco, a nivel local, no faltaron propuestas como la planteada en ese entonces por el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el bonaerense Julián Andrés Domínguez, cuando durante una entrevista para un canal local de televisión adelantó la iniciativa de trasladar la capital del país hacia el norte y, aunque no lo especificó, más concretamente, a la Provincia de Santiago del Estero.
Si bien no faltaron medios que especularon sobre un posible globo de ensayo o una pantalla para ocultar temas en debate, lo cierto es que la cuestión estaba siendo analizada seriamente desde hace algún tiempo en el marco de los trabajos que desarrolla el Grupo San Martín (GSM) que encabeza el citado Domínguez, ex intendente de Chacabuco y ex ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
El tema, en el cual trabajaba, entre otros, el diputado nacional Mario Néstor Oporto, ex responsable del área educativa bonaerense y ex jefe de ministros de la misma provincia, apuntaba a una restructuración política y económica del país tomando en cuenta aspectos de regionalización que apunte, al decir de Domínguez a “un nuevo diseño estratégico de planificación geográfica”.
Esta alternativa difiería esencialmente del traslado de la capital a un nuevo complejo urbano integrado por la ciudad rionegrina de Viedma y la bonaerense de Carmen de Patagones, impulsado durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín mediante la Ley 23.512 de 1987, no concretado en el cerca de medio siglo transcurrido desde entonces y cuyo freno inicial fue la crisis financiera en que se vio envuelto ese gobierno.
El traslado a Viedma-Carmen de Patagones implicaba un avance para el desarrollo patagónico, pero no rompía la conexión marítima externa. Un tema central de la nueva propuesta, como hiciera en 1955 el Brasil liderado por el presidente planificador Juscelino Kubitschek, al crear como nueva capital Brasilia, fue correr el poder político al interior en lugar de la original Bahía y de su sucesora Río de Janeiro.
Corresponde recordar que en 1776 las trece colonias que se independizaron de Inglaterra para crear los Estados Unidos de América optaron por idéntico criterio y, entre todas, financiaron la construcción de Washington. Ninguna de las principales capitales del mundo está situada sobre costas marítimas como se puede observar en Beijing, Delhi, Moscú, París, Ottawa, Berlín, Pretoria o las ya citadas Brasilia y Washington.
La creación de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue proyectada el 2 de enero de 1566 por Juan de Matienzo, el primer gran economista americano, en una carta dirigida al rey español Felipe II. Ella debía ser el centro del control de la Cuenca del Plata para sacar por allí la plata del Alto Perú con destino a España en lugar del viaje hasta El Callao, por el Pacífico hasta Panamá, el cruce de istmo y de allí a Europa.
Es decir, como un contacto con la metrópoli, no de desarrollo ya que no se atribuía ninguna virtud productiva a la zona. Ello generó un tipo de conformación que el gran economista Alejandro Ernesto Bunge, en su obra “Una nueva Argentina” que inspiró al presidente Juan Domingo Perón, definió como “país abanico” que concentraba más de la mitad de su riqueza en un radio de unos 400 kilómetros alrededor del puerto.
Volver a Santiago del Estero, llamada “Madre de Ciudades” por ser la primera creada por los españoles en el territorio nacional, apuntaba a romper ese criterio y, simultáneamente, a adoptar otros de desarrollo regional eficiente como reclamó en 1826 Manuel Críspulo Bernabé Dorrego durante el debate de la sanción de la Constitución rivadaviana e hizo lo propio, en 1834, Juan Manuel de Rosas mediante la “Carta de Estancia de Figueroa”.
Ello con el agregado de encontrar una alternativa para la recuperación productiva de los alrededor de mil pueblos fantasmas que se fueron generando en el país durante las últimas décadas, como consecuencia de los cierres de ramales ferroviarios que forzaron a sus habitantes a trasladarse hacia las grandes urbes en las que se desarrollaron enormes conurbanos.
Hoy, la economía planetaria ya no está concentrada básicamente en el Atlántico y el Mediterráneo, como sucedió durante los cinco siglos anteriores, y en ese sentido, con las perspectivas del mundo del Pacífico, la ruptura del “país abanico”, al estilo del desarrollo canadiense, de océano a océano, en un marco de integración suramericana y con un centro político en el medio del país, es una alternativa clave.
