El cruce ocurrió durante la primera reunión de comisiones que analiza un proyecto con nuevas sanciones para quienes exploten los recursos del archipiélago.
La primera reunión de las comisiones de Diputados que analiza el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional terminó con fuertes cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición. Hubo insultos, gritos y forcejeos durante el plenario que comenzó a debatir la iniciativa impulsada por el Gobierno.
El episodio se produjo mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos aspectos del proyecto. En ese momento se generó una discusión con el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.
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La situación escaló cuando el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento y se acercó a Guzmán. Ambos intercambiaron manotazos, mientras otros legisladores intentaban intervenir para separarlos.
El conflicto continuó cuando el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen comenzó a increpar a Grabois y lo llamó “cagón”. Grabois entonces se dirigió hacia Huesen y volvió a producirse un enfrentamiento verbal y físico.
Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y el libertario Álvaro Martínez intentaron contener a los legisladores y evitar que el episodio pasara a mayores. Finalmente, Grabois y Huesen quedaron cara a cara en medio de gritos y recriminaciones.
La reunión correspondía al primer plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, presididas por los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
Qué propone el proyecto sobre Malvinas
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca establecer un nuevo régimen de sanciones para las actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica la posición argentina de que esos territorios forman parte del territorio nacional y establece como objetivo la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Entre sus principales objetivos, el Gobierno plantea sancionar la explotación de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.
Uno de los cambios centrales consiste en la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen más amplio, que no estaría limitado a los hidrocarburos y alcanzaría también otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina. También prevé consecuencias económicas para las personas y empresas alcanzadas por las sanciones, como restricciones para realizar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
El punto que genera diferencias dentro del oficialismo
El proyecto también propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo encabezado por el Presidente, con participación de áreas vinculadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
Las modificaciones relacionadas con las facultades del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas generaron reparos incluso entre sectores que suelen acompañar las iniciativas del Gobierno.
El diputado del MID Eduardo Falcone cuestionó particularmente esos cambios y planteó dudas sobre el alcance de las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para disponer determinadas respuestas militares sin una intervención previa del Congreso.
Falcone sostuvo que la Constitución establece la participación del Poder Legislativo en determinadas decisiones vinculadas con actos de guerra y advirtió sobre el alcance de la propuesta.
El planteo también derivó en un cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien defendió la iniciativa y sostuvo que las facultades previstas no deben analizarse únicamente bajo la hipótesis de un conflicto entre Estados.
Cuándo podría llegar al recinto
Pese a los cruces registrados durante la primera reunión, La Libertad Avanza busca avanzar con el tratamiento del proyecto y mantiene un cronograma para llevarlo al recinto durante octubre.
La hoja de ruta contempla una segunda reunión con invitados para el 6 de octubre, fecha en la que el oficialismo buscaría avanzar con la firma de los dictámenes.
Luego, la intención es convocar a una sesión especial el 7 de octubre para debatir el proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, había anticipado antes del comienzo del debate que la discusión tendría el tiempo necesario en función de la importancia de los temas incluidos en la iniciativa.
