Los cambios contemplan también créditos del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de diferentes ministerios.
El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida incluye un fuerte incremento de fondos para afrontar deudas previsionales, recursos destinados al plan de retiros voluntarios de la ANSES y recortes en distintas partidas del Estado.
La decisión lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Entre los principales cambios, se amplió en $500.000 millones el límite destinado al pago de sentencias judiciales previsionales y acuerdos transaccionales. De esta manera, el nuevo tope asciende a $712.288 millones.
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Según detalla la normativa, los fondos serán utilizados para cubrir retroactivos y ajustes vinculados a jubilaciones y prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a cargo de la ANSES.
Además, el Gobierno incorporó $162.000 millones para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca destinado al personal del organismo previsional. El programa estuvo dirigido a trabajadores que aceptaran desvincularse del Estado bajo determinadas condiciones, entre ellas no mantener litigios laborales pendientes ni reincorporarse a la administración pública nacional durante el plazo establecido.
La decisión administrativa también contempla movimientos de personal y redistribución de cargos entre distintos organismos nacionales, incluyendo áreas del Ministerio de Economía, Defensa, Capital Humano y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con nuevos recortes presupuestarios para sostener la meta de superávit fiscal. Entre las partidas más afectadas aparecen los subsidios económicos, programas energéticos, infraestructura deportiva, obras viales, integración socio-urbana y fondos educativos.
El mayor ajuste se aplicó sobre “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”, con una reducción de $1,47 billones. También se recortaron recursos destinados a programas energéticos, infraestructura vial, compensación salarial docente e iniciativas de salud y desarrollo social.
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En total, la Administración Central registró un recorte neto cercano a los $2,5 billones, equivalente al 1,6% del Presupuesto vigente.
