El tribunal dispuso que el expediente regrese a manos del Ariel Lijo, para que se dicte una nueva resolución.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros y ordenó que se dicte una nueva resolución.
El tribunal remitió el expediente al juzgado federal N°11, actualmente vacante, que deberá ser subrogado por Ariel Lijo. En la causa interviene el fiscal Carlos Rívolo.
Por mayoría, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo consideraron que el proceso debe ajustarse a una imputación clara y garantizar el derecho de defensa. En ese sentido, entendieron que corresponde revisar el procesamiento en base al estado actual de la causa.
El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y sostuvo que existían elementos suficientes para mantener la medida, al considerar acreditada la posible existencia de un esquema irregular en la contratación de seguros.
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La defensa del exmandatario había cuestionado el procesamiento dictado por el entonces juez subrogante Sebastián Casanello. Argumentó que se le imputaron hechos por los que no fue indagado y que no se produjeron pruebas clave propuestas por su equipo legal.
La abogada Mariana Barbitta sostuvo que la medida resultaba arbitraria por la falta de producción y control de prueba durante la investigación.
En este nuevo escenario, la defensa solicitó la citación de exfuncionarios como Vilma Ibarra y Santiago Cafiero, así como del exministro de Economía Martín Guzmán y el extitular del Banco Central Miguel Pesce.
El objetivo es respaldar la legalidad del decreto 823/2021, que estableció la intervención de Nación Seguros en la cobertura de bienes estatales.
En el marco de la causa, ya declaró la extitular de la Superintendencia de Seguros, Mirta Adriana Guida, quien señaló que el decreto no contempla la intermediación en la contratación.
También prestó testimonio una exasistente del despacho presidencial, que mencionó la preocupación de la entonces secretaria privada María Cantero por posibles cambios en contratos vinculados a su entorno.
La causa analiza un presunto esquema de direccionamiento en la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante la gestión de Fernández, a través de Nación Seguros.
Entre los investigados se encuentra el empresario Héctor Martínez Sosa, vinculado al exmandatario, así como otros actores del sector.
Según la investigación, las comisiones obtenidas por intermediarios en estas operaciones habrían alcanzado cifras millonarias en el período 2019-2023.
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El expediente tramita en el juzgado federal N°11, que quedó vacante tras el fallecimiento de su titular, Claudio Bonadío. Previamente, la causa estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y luego fue subrogada por Casanello, quien había dispuesto el procesamiento por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
