Las autoridades contarán con un plazo de 30 días para movilizar recursos extraordinarios, otorgar alivios y acelerar la reconstrucción de las zonas más afectadas.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella declaró la emergencia económica en 15 departamentos de Colombia a raíz del terremoto del 10 de agosto, una medida que tendrá una vigencia de 30 días y permitirá al Ejecutivo adoptar normas con fuerza de ley para acelerar la atención de los damnificados, financiar la reconstrucción y responder a los daños provocados por el sismo.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1261 de 2026, expedido el 19 de agosto, y alcanza a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. También contempla municipios identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras localidades que puedan acreditar afectaciones directamente vinculadas con el terremoto.
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El último balance oficial, con corte al 20 de agosto a las 6.30, registró 319 fallecidos, 4.506 heridos y 260 desaparecidos. Además, 476 municipios sufrieron afectaciones directas, más de 30.000 viviendas quedaron destruidas y cerca de 170.000 resultaron averiadas.
La emergencia económica no implica la entrega automática de subsidios, créditos o transferencias a las personas damnificadas. Su principal efecto es otorgarle al Gobierno facultades extraordinarias para dictar normas temporales vinculadas directamente con la emergencia y destinadas a contener sus consecuencias.
Qué podrá hacer el Gobierno con la emergencia económica
El decreto habilita al Ejecutivo a adoptar medidas presupuestales, tributarias, cambiarias, financieras y relacionadas con el crédito público para obtener liquidez y destinar recursos a la atención de la emergencia.
Entre las herramientas contempladas aparecen modificaciones presupuestales, operaciones de crédito público, utilización de recursos del Sistema General de Regalías, donaciones, ingresos de fondos especiales y recursos de capital vinculados con la emergencia.
La norma también permite recurrir a préstamos con cargo al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y utilizar temporalmente saldos de fondos especiales mediante mecanismos reembolsables.
El Gobierno justificó la medida al considerar que los recursos ordinarios disponibles no son suficientes para responder con la rapidez que exige la magnitud del desastre. Según el decreto, la principal subcuenta del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con $47.265 millones para la línea de manejo de desastres, una suma considerada insuficiente frente a las necesidades de atención, rehabilitación y reconstrucción.
La declaratoria también abre la puerta a alivios tributarios, aduaneros y cambiarios de carácter temporal. Sin embargo, esos beneficios todavía no tienen definidos sus montos, beneficiarios ni mecanismos de acceso: esos detalles deberán establecerse mediante los decretos legislativos que se dicten durante los 30 días de vigencia de la emergencia.
La medida tendrá además controles institucionales. El Ministerio del Interior deberá presentar ante el Congreso un informe motivado sobre las causas que llevaron a la declaratoria y las medidas adoptadas. A su vez, el decreto será enviado a la Corte Constitucional para el control automático de constitucionalidad.
Qué daños dejó el terremoto en los departamentos afectados
En Antioquia, uno de los principales desafíos está relacionado con la vivienda rural. Según los datos del Dagran, cerca del 70% de las casas afectadas por el terremoto en el departamento se encuentran en zonas rurales.
Los organismos de socorro recorrieron más de 50 municipios para identificar y valorar los daños, mientras se reforzaron los equipos de trabajo con apoyo de otras entidades y universidades. Unas 1.500 familias presentan daños estructurales en sus viviendas y permanecen temporalmente alojadas con familiares o vecinos.
Las facultades otorgadas por la emergencia podrían acelerar medidas vinculadas con subsidios de vivienda, reasentamientos y soluciones habitacionales temporales. También podrían agilizar la recuperación de vías, acueductos, redes eléctricas, colegios, hospitales y otras obras afectadas.
En Cundinamarca, la Gobernación consolidó información de 92 municipios y reportó 89 viviendas afectadas, 80 instituciones educativas y cinco instituciones de salud con daños provocados por el sismo de magnitud 7,4.
De las viviendas afectadas, 79 están ubicadas en zonas urbanas y 10 en áreas rurales. En el caso de las instituciones educativas, 46 corresponden a sectores urbanos y 34 a zonas rurales. El relevamiento también contabilizó cuatro iglesias, cinco sedes de alcaldías, tres estaciones de Policía, una plaza de mercado y tres establecimientos empresariales.
Cundinamarca no reportó fallecidos ni heridos, viviendas destruidas o edificaciones colapsadas como consecuencia del terremoto.
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca señaló: “Este consolidado nos permite tener una lectura actualizada de las afectaciones y avanzar en la ruta de atención establecida por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Continuamos acompañando a los municipios y verificando la información”.
Entre los municipios que reportaron daños figuran Anolaima, Agua de Dios, Ubaque, Une, Fómeque, San Juan de Rioseco, Tibacuy, Girardot, Cachipay, Venecia, Chaguaní, Beltrán, Sibaté, Madrid, Cabrera, Choachí, Nimaima, Supatá, Pulí, Guaduas, Yacopí, Arbeláez y La Mesa.
Chocó y el Eje Cafetero, entre las zonas más golpeadas
En Chocó, donde se ubicó el epicentro del terremoto, se registraron daños críticos en construcciones de madera y estructuras palafíticas, tanto en áreas rurales como urbanas. Istmina aparece entre las localidades afectadas.
El departamento también sufrió colapsos en sistemas de acueducto, interrupciones totales del suministro eléctrico y aislamiento de comunidades debido a las dificultades para acceder por vías fluviales y terrestres. Chocó concentró además una cantidad importante de personas desaparecidas y viviendas tradicionales destruidas.
En Quindío, el sismo provocó el colapso y numerosas averías en viviendas construidas con mampostería tradicional en Armenia y municipios de la zona cordillerana. También se detectaron grietas profundas en edificios públicos y escuelas, mientras los deslizamientos bloquearon caminos de conexión rural.
Risaralda registró daños estructurales de consideración en viviendas y otras edificaciones de Pereira y localidades cercanas, además de alertas relacionadas con inseguridad y posibles saqueos en sectores donde las casas fueron evacuadas. También hubo afectaciones en redes comunitarias y establecimientos educativos.
En Caldas se contabilizaron daños en edificaciones urbanas e instituciones sanitarias, mientras que los movimientos de masa sobre las laderas complicaron el tránsito hacia el occidente del departamento.
Los servicios públicos y la infraestructura vial también sufrieron consecuencias en otros territorios. En Valle del Cauca, las redes de acueducto y electricidad registraron daños en Cali, Cartago y Sevilla. También se reportaron afectaciones en fachadas de edificios, hospitales y centros de salud, además de cierres parciales de rutas secundarias por desprendimientos de rocas.
En Tolima, las réplicas derivaron en emergencias secundarias, entre ellas incendios forestales, remoción de masas y deslizamientos en zonas rurales y de ladera.
Según la UNGRD, también hubo afectaciones moderadas o leves en Cauca, Nariño, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío y otros departamentos del área de influencia andina y pacífica.
Cuántas veces Colombia declaró la emergencia económica
La decisión adoptada tras el terremoto se suma a una serie de declaratorias de emergencia económica realizadas en Colombia durante las últimas tres décadas. Desde 1997 hasta 2026, el país decretó este mecanismo en 12 ocasiones, según el recuento incluido en la información oficial, ante crisis fiscales, desastres naturales, problemas sanitarios y situaciones de orden público.
La primera del listado corresponde a 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, debido al déficit fiscal. Esa declaratoria fue posteriormente anulada por la Corte Constitucional.
En 1998, durante la administración de Andrés Pastrana, se declaró la emergencia por la crisis financiera asociada al colapso del sistema Upac. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos hubo tres declaratorias: en 2010 por la temporada de lluvias, que dejó 1,7 millones de personas afectadas; en 2015 por la crisis derivada de las deportaciones de colombianos desde Venezuela; y en 2017 por la avalancha de Mocoa, que dejó 300 muertos y unos 20.000 damnificados.
Durante la presidencia de Iván Duque se declaró la emergencia económica en 2020 por los efectos de la pandemia de Covid-19.
El recuento también incluye medidas adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro: una en 2023 por la situación de La Guajira, vinculada con salud, educación, energía y agua potable, y cuatro en 2025 relacionadas con la crisis de orden público en el Catatumbo, un brote de fiebre amarilla, el déficit fiscal y un escenario que combinó conmoción interior y emergencia económica.
Para 2026, el listado contempla una emergencia para atender los daños provocados por un frente frío y las lluvias en ocho departamentos, además de la declaratoria activada ahora por el terremoto del 10 de agosto.
