La medida de fuerza incluirá reclamos por la situación de los trabajadores estatales y coincidirá con una movilización universitaria frente al Congreso.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre, con movilizaciones en las principales ciudades del país. La medida afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y tendrá como principal reclamo la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato se concentrará desde las 13:30 frente al Congreso de la Nación, donde la oposición convocó a una sesión especial para intentar rechazar la norma. La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.
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La conducción nacional de ATE formalizó la convocatoria mediante una presentación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El documento, fechado el 9 de octubre, lleva las firmas de Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, y Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta.
La organización anunció una jornada nacional de lucha con paros, asambleas y movilizaciones en toda la Administración Pública Nacional. La medida alcanzará a organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, además de las administraciones provinciales y municipales. Cada representación sindical definirá las modalidades de protesta en su jurisdicción.
Qué servicios podrían verse afectados por el paro de ATE
La huelga tendrá impacto en distintas áreas de la administración pública. Según informó el sindicato, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. El alcance de las interrupciones dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores y de la organización de los servicios esenciales.
Entre las actividades que podrían verse afectadas figuran la recolección de residuos, los servicios de auxiliares de educación, las guardias urbanas y los controles de tránsito. También podrían registrarse complicaciones en los controles migratorios y en las tareas sanitarias que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas.
La convocatoria incluye a trabajadores de organismos vinculados con el transporte, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de controladores aéreos. En el caso de la ANAC, ATE anticipó que solo se garantizarán los vuelos sanitarios y de Estado.
También se prevén restricciones en la atención del PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se atenderían exclusivamente emergencias, según lo anunciado por el sindicato. La medida comprende, además, a radiooperadores de medios públicos, brigadistas dedicados al combate de incendios forestales y trabajadores encargados del mantenimiento de plantas nucleares.
Diputados debatirá el DNU 70/23 en medio de las movilizaciones
El paro se realizará en simultáneo con una sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para el jueves a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/23, iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y una propuesta para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.
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Uno de los puntos centrales será la posibilidad de reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum. El peronismo, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, la izquierda y otras bancadas impulsaron la convocatoria. Por su parte, el oficialismo busca evitar que avance el rechazo del decreto y mantiene conversaciones con legisladores aliados y representantes de las provincias.
El DNU 70/23 fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Si la Cámara de Diputados también lo rechaza, se completaría el procedimiento previsto en la legislación que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, lo que dejaría sin vigencia la norma conforme a los alcances establecidos por esa ley.
Entre los puntos cuestionados por la oposición se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el artículo 154 del decreto. La norma establecía restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, incluido un límite del 15% de la superficie a nivel nacional, provincial y municipal, además de otras condiciones para la adquisición de propiedades por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La controversia también llegó a la Justicia. Durante octubre, la Corte Suprema dictó una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo 154 del DNU y restableció provisionalmente la aplicación de la Ley de Tierras. La decisión dejó pendiente una definición definitiva sobre la cuestión.
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La conducción del gremio incluyó la defensa de la soberanía nacional, el rechazo a la extranjerización de las tierras y el financiamiento de la educación pública entre los fundamentos de la protesta.
Rodolfo Aguiar defendió la necesidad de avanzar contra la totalidad del decreto y cuestionó el uso de esa herramienta por parte del Poder Ejecutivo. “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”, afirmó el dirigente al anunciar la medida.
El secretario general también sostuvo que el decreto permite al Gobierno introducir cambios sin el tratamiento legislativo ordinario. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, expresó.
En sus críticas, Aguiar apuntó contra las modificaciones económicas y regulatorias incluidas en la norma. “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, declaró.
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Las afirmaciones forman parte de la posición de ATE frente a una de las principales medidas de desregulación impulsadas por la administración de Milei. El decreto introdujo cambios en materia laboral, comercial, contractual y de regulación estatal, varios de los cuales generaron controversias legislativas y judiciales.
La jornada del jueves también estará atravesada por el conflicto universitario. Rectores, docentes, trabajadores no docentes y agrupaciones estudiantiles convocaron a movilizarse frente al Congreso para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la disputa presupuestaria con el Poder Ejecutivo.
La coincidencia entre la sesión parlamentaria, la Marcha Federal Universitaria y el paro nacional de ATE tendrá al Congreso como principal escenario de las protestas. En el interior del país, las representaciones provinciales del sindicato definirán los puntos de concentración y las modalidades de las movilizaciones.
