La presidenta interina de Venezuela admitió que la norma fue utilizada de manera abusiva contra opositores y críticos del gobierno.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció que hubo un “uso abusivo” de la ley contra el odio, una norma que durante los últimos años fue utilizada para detener y procesar a dirigentes políticos, activistas, periodistas, manifestantes e influencers críticos del gobierno.
Según pudo saber Notas de Actualidad, Rodríguez anunció que buscará modificar la legislación y pidió a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano Jorge Rodríguez, avanzar con una reforma en el marco del diálogo político entre el gobierno y un sector de la oposición, auspiciado por Estados Unidos.
“Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, afirmó la mandataria durante un encuentro con productores de café en el estado Portuguesa.
Sin embargo, Rodríguez defendió los principios generales de la normativa y sostuvo que apunta a promover la tolerancia y la convivencia.
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¿Qué establece la ley contra el odio en Venezuela?
La denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue impulsada en 2017 por la propia Delcy Rodríguez, cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente.
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La normativa cuenta con 25 artículos y establece sanciones para quienes, según su interpretación, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia. Entre sus disposiciones contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión.
También establece restricciones para partidos políticos y organizaciones sociales que promuevan “el odio, la intolerancia y la guerra”, además de sanciones para medios de comunicación y prestadores de servicios de radio y televisión que difundan contenidos considerados alcanzados por la norma.
Críticas por persecución a opositores y restricciones a la libertad de expresión
Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron la aplicación de la legislación y denunciaron que fue utilizada como una herramienta para perseguir a la disidencia política y limitar la libertad de expresión.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ambigüedad de algunos de sus conceptos, que permitirían un amplio margen de interpretación a la hora de determinar qué conductas pueden ser consideradas una incitación al odio.
La delegación opositora que participa del diálogo político calificó la norma como un instrumento utilizado para la “persecución y represión de la disidencia” y expresó su solidaridad con las personas que fueron afectadas por su aplicación.
Delcy Rodríguez pidió avanzar con la reforma
Luego de reconocer el uso abusivo de la legislación, Rodríguez solicitó formalmente al Parlamento que avance con una modificación de la norma.
Según una carta enviada por la presidenta interina a la Asamblea Nacional, el objetivo es “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la legislación.
El Parlamento creó posteriormente una comisión encargada de trabajar en la reforma. Mientras tanto, distintas organizaciones de la sociedad civil reclamaron que la norma sea directamente derogada. Oscar Murillo, director de la ONG Provea, pidió la “urgente derogatoria” del marco jurídico que, según sostuvo, permitió la criminalización de derechos ciudadanos.
¿Cuántos presos políticos quedan en Venezuela?
El debate sobre la ley se produce mientras continúa la situación de los presos políticos en Venezuela. De acuerdo con la organización Foro Penal, todavía permanecen 324 presos políticos en las cárceles venezolanas. La cifra se da en un contexto de liberaciones de personas detenidas por motivos políticos tras la aprobación de una ley de amnistía.
En este escenario, la eventual reforma de la ley contra el odio se convirtió en uno de los puntos del diálogo político entre el gobierno y sectores de la oposición.
Organizaciones internacionales de derechos humanos también han cuestionado la legislación. Human Rights Watch recomendó recientemente derogar esta norma junto con otras disposiciones que, según la organización, afectan los derechos fundamentales en Venezuela.
La reforma ahora deberá ser debatida por la Asamblea Nacional, mientras distintos sectores reclaman que el cambio no se limite a modificar algunos artículos y plantean directamente la eliminación de la legislación.
