El Gobierno de Javier Milei expuso sus argumentos ante el tribunal internacional con sede en Hamburgo para intentar detener la explotación de hidrocarburos en las islas.
La Argentina y el Reino Unido comenzaron este martes las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, en el marco de la disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei presentó un pedido de medidas provisionales para frenar las actividades hidrocarburíferas impulsadas por empresas británicas e israelíes en la zona, con especial atención al proyecto Sea Lion.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la primera audiencia comenzó a las 6 de la mañana, hora argentina, con la presencia de las delegaciones de ambos países. Durante su exposición, el embajador y consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, sostuvo que el planteo argentino no busca que el tribunal resuelva la cuestión de soberanía sobre el archipiélago, sino que intervenga para evitar acciones que puedan generar consecuencias irreversibles sobre los recursos naturales y el ambiente marino.
El reclamo se centra en la posibilidad de que el yacimiento Sea Lion comience a producir petróleo entre 2027 y 2028. El proyecto está a cargo de las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y se encuentra a unos 200 kilómetros de las islas. Según las estimaciones mencionadas en la presentación argentina, el área tendría reservas de aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo.
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Cuáles son las cuatro medidas que Argentina pidió contra el Reino Unido
En un documento de 49 páginas presentado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la administración de Milei solicitó cuatro medidas provisionales para impedir que avance la explotación petrolera en la plataforma continental en disputa.
Los pedidos argentinos son:
- Frenar el proyecto Sea Lion: solicitar que se detenga el desarrollo del yacimiento y que no comience ni continúe la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
- Restringir el uso de información estratégica: impedir que los datos y conocimientos obtenidos durante las tareas de exploración sean utilizados en perjuicio de los derechos argentinos o transferidos a terceros con ese objetivo.
- Proteger el medio marino: evitar que las actividades británicas interfieran con las obligaciones de la Argentina de preservar y proteger el ambiente marino en la zona disputada.
- Evitar nuevas decisiones unilaterales: exigir que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos de explotación o adoptar medidas que profundicen el conflicto.
Durante su presentación, Oyarzábal argumentó que la Argentina tiene derechos soberanos sobre la plataforma continental y que ninguna de las partes debería adoptar decisiones unilaterales que alteren de manera irreversible el territorio marítimo y sus recursos no renovables.
Qué dijo el Reino Unido sobre el reclamo argentino
La posición británica apunta a cuestionar la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intervenir en el caso. Desde Londres, la fiscal general Ellie Reeves sostuvo que el Reino Unido defenderá su derecho a desarrollar las actividades petroleras en las islas y rechazó que el organismo tenga jurisdicción para examinar la reclamación argentina sobre la soberanía de Malvinas.
Además, el gobierno británico designó como juez ad hoc a Vaughan Lowe, especialista en derecho internacional y profesor de la Universidad de Oxford. Por su parte, la Argentina nombró a Raúl Vinuesa para ocupar el lugar correspondiente durante el procedimiento, luego de que la vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, se excusara de intervenir por sus antecedentes de trabajo vinculados con la Cancillería y la plataforma continental.
La discusión jurídica estará centrada, por lo tanto, tanto en la posibilidad de que el tribunal intervenga como en los argumentos presentados por Buenos Aires para solicitar la suspensión provisional de las actividades petroleras.
El Gobierno de Milei endureció su postura por la explotación petrolera en Malvinas
El planteo ante el tribunal internacional representa un nuevo capítulo en la estrategia diplomática del Gobierno argentino frente a las actividades hidrocarburíferas en las islas.
El canciller Pablo Quirno había anticipado la presentación a través de sus redes sociales, donde afirmó que el país exigiría el cese inmediato de las actividades que considera ilegítimas y cuestionó los intentos británicos de avanzar sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
La disputa se inscribe en el histórico conflicto de soberanía entre ambos países, que tuvo su episodio más dramático en la guerra de 1982. Más de cuatro décadas después, la posibilidad de que comience la explotación comercial de petróleo en Malvinas volvió a colocar la cuestión en el centro de la agenda diplomática argentina.
Las audiencias en Hamburgo representan una instancia clave para el reclamo de la administración de Milei, que busca conseguir una medida provisional que frene el avance del proyecto Sea Lion mientras continúa la controversia entre los dos países.
