Cámaras, Bolsas y entidades de la agroindustria reclamaron el tratamiento inmediato del proyecto que ya obtuvo dictamen favorable. La iniciativa eleva los porcentajes de mezcla obligatoria de biodiésel y bioetanol y redefine la participación de las pymes en el mercado.
Distintas entidades vinculadas al agro y la agroindustria reclamaron al Senado de la Nación el “urgente tratamiento y la aprobación” del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, luego de que el proyecto obtuviera dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la iniciativa, presentada por Patricia Bullrich y consensuada tras modificaciones introducidas por el bloque de La Libertad Avanza, busca actualizar el esquema vigente para la producción y comercialización de biodiésel y bioetanol en Argentina.
A través de una nota conjunta, cámaras empresariales, Bolsas y organizaciones del sector solicitaron a los legisladores avanzar con el tratamiento parlamentario para lograr la sanción definitiva de la norma.
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Qué cambios propone la nueva ley de biocombustibles
Uno de los principales puntos del proyecto es el incremento progresivo de los porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles en los combustibles tradicionales. En el caso del gasoil, la iniciativa establece un corte obligatorio inicial del 7,5% de biodiésel, porcentaje que se elevará al 10% después de los primeros 12 meses de vigencia de la ley.
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Por otro lado, el porcentaje obligatorio de bioetanol en las naftas aumentará del actual 12% al 15%. Dentro de ese esquema, se mantendría un 6% correspondiente al bioetanol elaborado a partir de maíz y otro 6% proveniente de la caña de azúcar. El 3% restante quedaría sujeto a un sistema de libre mercado.
Además, el proyecto establece que ninguna empresa productora de bioetanol podrá concentrar más del 20% del volumen anual comercializado dentro del corte obligatorio.
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El nuevo esquema para las pymes y las grandes empresas
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa está relacionado con la participación de las empresas no integradas, principalmente pymes, dentro del mercado del biodiésel.
Durante la primera etapa, mientras el corte obligatorio sea del 7,5%, las empresas no integradas conservarán la totalidad de la participación asignada mediante el sistema vigente. Sin embargo, una vez que el corte alcance el 10%, las pymes tendrán asegurado un 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará habilitado para la libre negociación.
El proyecto contempla una reducción progresiva de la participación asignada a las empresas no integradas durante los próximos años. Para 2029 será del 5,5%; en 2030 llegará al 5% y en 2031 descenderá al 3%.
A partir de 2032, el esquema quedará dividido entre un 3% reservado para las empresas no integradas y un 7% bajo un régimen de libre negociación, en el que podrán participar tanto compañías integradas como no integradas.
Este punto generó diferencias dentro del propio sector. Mientras varias entidades respaldan el proyecto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles manifestó su rechazo al considerar que el nuevo esquema favorecería a las grandes aceiteras exportadoras y reduciría la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Por qué el agro pide acelerar la aprobación
Las entidades que respaldan el proyecto consideran que el nuevo marco regulatorio permitirá modernizar la industria y generar mejores condiciones para la inversión.
Según sostienen, el incremento de los cortes obligatorios favorecería una mayor utilización de materias primas de origen agroindustrial y contribuiría a reducir las emisiones contaminantes. Además, remarcan el potencial de los biocombustibles como herramienta para avanzar en la descarbonización del transporte y en los objetivos vinculados a la transición energética.
Entre los beneficios que destacan se encuentra también la posibilidad de mejorar las propiedades técnicas de los combustibles, impulsar nuevas inversiones y generar empleo en las economías regionales.
Las organizaciones también sostienen que la nueva normativa podría otorgar previsibilidad para inversiones durante los próximos 15 años, además de abrir oportunidades para el desarrollo de nuevos productos, como combustibles sostenibles para la aviación y el transporte marítimo.
Las entidades que apoyan la nueva ley
Entre las organizaciones que solicitaron al Senado avanzar con el tratamiento del proyecto se encuentran las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Bahía Blanca, las Bolsas de Comercio de Rosario y Chaco, cámaras vinculadas a los biocombustibles, el bioetanol y la industria aceitera.
También respaldaron la iniciativa el Consejo Agroindustrial Argentino, Coninagro, Maizar, el Centro Azucarero Argentino, organizaciones de productores cañeros y otras entidades vinculadas a las economías regionales. Para los sectores firmantes, el texto consensuado representa un proyecto “superador” y estratégico para el desarrollo energético, industrial, ambiental y económico del país.
Con el dictamen favorable ya aprobado en comisión, ahora la presión del sector agroindustrial está puesta en que el Senado trate el proyecto en el recinto y avance hacia la sanción definitiva de una nueva ley de biocombustibles.
