Tobías Silva es considerado jefe de “Los Dictadores”, una asociación ilícita dedicada a robar datos personales de bases gubernamentales y venderlos en redes sociales.
Tobías Silva, apodado “Sherlock” en ámbitos vinculados a la ciberseguridad y el hacking, se encuentra en el centro de una de las investigaciones más importantes sobre delitos informáticos en Argentina.
El joven fue procesado por la Justicia federal como presunto jefe de una organización conocida como “Los Dictadores”, acusada de acceder ilegalmente a bases de datos gubernamentales y comercializar información personal obtenida de organismos públicos.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la investigación judicial, la banda habría vulnerado sistemas vinculados al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y otros organismos estatales.
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La acusación contra Tobías Silva
El juez federal Adrián González Charvay procesó a Silva por presunta asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, además de otros delitos relacionados con el acceso ilegal a bases de datos personales y la alteración de registros públicos.
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La resolución también incluyó un embargo millonario y posteriormente fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín.
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De acuerdo con el expediente, Silva habría desarrollado herramientas informáticas que permitían consultar información sensible extraída de bases de datos públicas y privadas. Entre ellas figura un sistema conocido como “Sherlock Alerts”, que funcionaba a través de Telegram.
El caso de Patricia Bullrich
Uno de los episodios más resonantes de la causa involucra a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los investigadores sostienen que integrantes de la organización difundieron datos personales de la funcionaria en redes sociales y habrían generado antecedentes policiales falsos dentro del sistema GAP (Gestión de Actuaciones Policiales), utilizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Las autoridades aclararon que Bullrich no posee antecedentes penales y que la información incorporada al sistema era apócrifa.
Cómo operaba “Los Dictadores”
La investigación señala que el grupo utilizaba canales y bots de Telegram para ofrecer consultas sobre personas a cambio de dinero. Según la acusación, los usuarios podían acceder a información personal mediante distintos planes pagos que otorgaban determinada cantidad de búsquedas.
Los investigadores detectaron además publicaciones donde se promocionaban nuevas filtraciones de datos y la incorporación constante de información obtenida de diversas fuentes.
El expediente judicial sostiene que la organización llegó a manejar enormes volúmenes de información personal y que el servicio se comercializaba dentro de comunidades especializadas en Telegram.
La defensa de Silva
Por su parte, la defensa de Tobías Silva rechaza las acusaciones y sostiene que su rol se limitaba al desarrollo de software y a la administración de comunidades digitales.
Según sus abogados, el joven no dirigía una estructura criminal y las herramientas desarrolladas tenían fines vinculados a la ciberseguridad, el monitoreo digital y la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).
La defensa también argumenta que los usuarios de las plataformas podían utilizar los sistemas de manera autónoma y que Silva no tenía control sobre el uso que terceros hicieran de esas herramientas.
Una investigación que sigue avanzando
La causa comenzó en 2025 y derivó en múltiples allanamientos, detenciones y secuestros de bienes. Además de Silva, otras personas fueron procesadas por su presunta participación en la organización.
La investigación también se expandió a nivel internacional tras la detención en España de un hacker vinculado a ataques contra infraestructuras públicas y privadas en distintos países, un hecho que los investigadores relacionan con el ecosistema digital donde operaban los acusados.
Mientras el expediente continúa su curso, el caso de “Sherlock” se convirtió en uno de los mayores procesos judiciales vinculados al ciberdelito y la protección de datos personales en Argentina.
