Meta enfrenta su juicio más importante por la adicción a las redes sociales y el impacto en los jóvenes

El proceso podría derivar en una millonaria sanción y obligar a Meta a modificar el funcionamiento de Instagram y otras plataformas.


Meta enfrenta desde este martes uno de los procesos judiciales más importantes de su historia en materia de seguridad infantil y adicción a las redes sociales. La compañía de Mark Zuckerberg vuelve a los tribunales en Estados Unidos para responder a las acusaciones de cuatro estados que sostienen que sus plataformas fueron diseñadas deliberadamente para captar y retener la atención de niños y adolescentes.

Según pudo saber Notas de Actualidad, el juicio se desarrolla en un tribunal federal de Oakland, California, y tiene como demandantes a los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que forman parte de una demanda presentada originalmente en 2023 por un grupo de 29 fiscales generales estatales.

La acusación sostiene que Meta utilizó determinadas funciones de sus plataformas para aumentar el tiempo que los menores pasan conectados y que, al mismo tiempo, minimizó públicamente los posibles riesgos asociados al uso de sus servicios.

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Meta rechaza las acusaciones y considera que la demanda carece de fundamentos.

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Qué acusa la demanda contra Meta

Los fiscales generales sostienen que el modelo de negocio de Meta, basado principalmente en la publicidad digital, genera incentivos para mantener a los usuarios el mayor tiempo posible dentro de sus plataformas.

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Según los demandantes, la empresa habría utilizado herramientas como los algoritmos de recomendación, el desplazamiento infinito, los “me gusta” y las notificaciones para aumentar el nivel de interacción de los usuarios jóvenes.

La acusación también señala que Meta conocía los posibles efectos negativos de sus plataformas sobre los menores, pero habría engañado al público respecto de esos riesgos.

Otro de los puntos centrales del proceso está relacionado con la privacidad. Los estados acusan a la compañía de haber recopilado información personal de usuarios menores de 13 años sin contar con el consentimiento de sus padres, lo que podría constituir una violación de la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA).

Meta niega que sus plataformas sean adictivas

La compañía sostiene que las acusaciones tergiversan el funcionamiento de sus plataformas y que los estados no lograron demostrar un daño concreto provocado por sus servicios.

Meta también cuestiona el monto de la compensación económica que reclaman los cuatro estados y considera que es desproporcionado.

Entre sus argumentos, la empresa sostiene que las redes sociales enfrentan dificultades similares para determinar la edad de sus usuarios y que ya implementó distintas herramientas destinadas a proteger a los adolescentes.

Entre esas medidas se encuentran controles parentales, configuraciones de privacidad predeterminadas para adolescentes y recordatorios para que los usuarios realicen pausas.

Los críticos de la compañía, sin embargo, consideran que esas herramientas no son suficientes para reducir los riesgos que enfrentan los menores en las plataformas.

Una posible multa de hasta US$1,4 billones

El proceso podría tener consecuencias económicas extraordinarias para Meta.

Los cuatro estados que llevan adelante el juicio reclaman en conjunto hasta US$1,4 billones en concepto de daños, una cifra que se aproxima al valor total de la compañía en el mercado.

Sin embargo, la importancia del proceso no está solamente en la posible indemnización. Los estados también solicitan que la Justicia ordene a Meta modificar determinadas características y prácticas de sus plataformas, lo que podría tener consecuencias sobre el funcionamiento de Instagram y otros servicios de la empresa.

Por eso, un fallo adverso podría obligar al gigante tecnológico a realizar cambios profundos en la manera en que diseña sus productos para los usuarios jóvenes.

Meta ya perdió otros juicios por seguridad infantil

El nuevo proceso llega después de varias derrotas judiciales para Meta.

En marzo, un jurado de Nuevo México declaró a la compañía responsable de violar leyes estatales de protección al consumidor y de no proteger adecuadamente a los menores frente a depredadores sexuales.

En agosto, Meta fue condenada en ese caso a pagar US$942 millones y a implementar modificaciones en sus plataformas, entre ellas restricciones sobre las notificaciones push. La empresa anunció que apelará esa decisión.

Otro jurado de Los Ángeles también ordenó a Meta y YouTube pagar US$6 millones por daños en un caso relacionado con la adicción de una joven a las redes sociales y el deterioro de su salud mental.

Meta enfrenta además miles de demandas similares, muchas de ellas impulsadas por familias, distritos escolares y autoridades estatales.

El “momento de las grandes tabacaleras” para las tecnológicas

La creciente cantidad de demandas contra Meta, TikTok, YouTube y Snap llevó a algunos especialistas a comparar esta situación con los históricos litigios contra las grandes compañías tabacaleras.

La comparación surge de una pregunta central: si las empresas tecnológicas conocían los posibles riesgos de sus productos, ¿hasta qué punto pueden ser responsables por sus consecuencias?

Las compañías de redes sociales han rechazado reiteradamente la idea de que exista una “adicción a las redes sociales” en los términos planteados por los demandantes y aseguran que invierten recursos en herramientas para proteger a los menores.

Sin embargo, las recientes sentencias y acuerdos muestran que la presión judicial sobre la industria continúa creciendo.

Un juicio que podría durar seis semanas

Se espera que el proceso contra Meta se extienda durante al menos seis semanas. Durante el juicio podrían declarar altos ejecutivos de la compañía, antiguos empleados que se convirtieron en denunciantes y especialistas que investigan el impacto de las redes sociales sobre la salud mental de niños y adolescentes.

El jurado estará integrado por ocho personas y tendrá una función consultiva. La decisión final quedará en manos de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien deberá considerar el veredicto y resolver sobre los eventuales daños y las medidas que podrían imponerse a la compañía.

El resultado podría convertirse en un punto de inflexión para Meta y, en caso de una sentencia adversa, también para toda la industria tecnológica.

Más allá del monto de una eventual multa, el verdadero impacto del juicio estará en determinar hasta dónde puede llegar la responsabilidad de las plataformas por la manera en que están diseñadas y por el efecto que tienen sobre los usuarios más jóvenes.

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