Los magistrados habían intervenido en la disputa por la competencia de la causa que investiga la mansión atribuida a Pablo Toviggino.
El escándalo por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo judicial. La abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y solicitó que se les inicie un proceso de juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.
La presentación apunta contra la actuación de ambos magistrados en la discusión sobre qué juzgado debía investigar la compra del inmueble ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar. El planteo se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera que la causa debe quedar a cargo del juez federal Daniel Rafecas y cuestionara con dureza la decisión de Casación de mantener el expediente en el juzgado de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.

Para Talerico, la resolución de los jueces de Casación constituyó una grave irregularidad que afectó la garantía constitucional del juez natural y permitió que la investigación continuara en un tribunal cuya competencia estaba cuestionada.
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La denuncia contra Borinsky y Barroetaveña: qué cuestiona Talerico
En declaraciones televisivas, Talerico explicó que decidió avanzar con la denuncia luego de conocer los términos del fallo de la Corte Suprema, que calificó de manera contundente la intervención de Casación en la disputa por la competencia.
La abogada cuestionó especialmente el cambio de criterio atribuido a Borinsky, quien, según sostuvo, había intervenido anteriormente en una resolución que vinculaba el expediente con el fuero penal económico. «Borinsky contradiciendo una resolución anterior de él mismo diciendo que esto era del fuero penal económico», señaló Talerico al explicar los motivos de su presentación.
Además, advirtió sobre las consecuencias institucionales de lo ocurrido y cuestionó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que deberá analizar la denuncia.
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La exfuncionaria también hizo referencia a las aspiraciones de Borinsky de llegar a la Procuración General de la Nación y sostuvo que el caso expone un problema de gravedad para la independencia judicial.
La Corte Suprema desplazó a González Charvay y ordenó que investigue Rafecas
La denuncia contra los jueces de Casación se conoció luego de una decisión clave de la Corte Suprema. Por unanimidad, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que el juez federal Daniel Rafecas debe quedar al frente de la investigación por la mansión de Pilar.
El máximo tribunal hizo lugar al criterio sostenido por la Fiscalía y dejó sin efecto la decisión de Casación que había dispuesto que el expediente continuara en el juzgado federal de Campana.
En su resolución, la Corte fue especialmente crítica con la intervención de la Cámara y consideró que existió una «prístina y grosera violación a las reglas de competencia». Los magistrados entendieron que esa decisión comprometió la garantía constitucional del juez natural y se apartó de los elementos incorporados a la investigación.
El fallo puso fin a una disputa de aproximadamente un año sobre qué tribunal debía llevar adelante la causa, un conflicto que había mantenido prácticamente paralizada la investigación.
La mansión de Pilar y una investigación por presunto lavado de activos
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento de la Corte es que la investigación no debe limitarse a determinar cómo se adquirió la propiedad atribuida a Toviggino.
Para el máximo tribunal, el inmueble representa apenas el primer indicador patrimonial de una presunta operatoria de mayor dimensión, que podría involucrar un entramado de sociedades comerciales, movimientos de dinero, vehículos de alta gama y eventuales circuitos financieros internacionales vinculados con la AFA.
En ese contexto, la investigación busca reconstruir el origen y el destino de los fondos utilizados en las operaciones bajo sospecha.
La intervención de Rafecas deberá permitir avanzar sobre esas líneas de investigación, que exceden la titularidad formal de la propiedad y apuntan a establecer si existió un esquema de lavado de activos.
Talerico habló de una posible maniobra para elegir al juez de la causa
Al explicar los fundamentos de su denuncia, Talerico utilizó la expresión «calesita judicial» y vinculó lo sucedido con el concepto de forum shopping, una práctica que consiste en buscar que una controversia sea tratada por un tribunal determinado, en lugar de respetar las reglas objetivas de competencia.
Según su planteo, la sucesión de decisiones judiciales sobre el expediente habría afectado el principio del juez natural y generado condiciones para que la investigación quedara en manos de un juzgado específico.
La abogada también cuestionó la falta de explicaciones públicas sobre los encuentros que, según afirmó, se habrían realizado en la quinta de Pilar, donde sostuvo que se reunían jueces y fiscales. «En esa quinta se reunían jueces y fiscales a tomar champagne a la vista de todos», afirmó durante la entrevista.
Talerico consideró que el caso excede el ámbito del fútbol argentino y representa un problema institucional por las posibles vinculaciones entre sectores del poder político, dirigentes deportivos y actores del sistema judicial.
Qué puede pasar con el pedido de juicio político
La denuncia contra Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña abre ahora una nueva instancia institucional. El Consejo de la Magistratura deberá evaluar los argumentos presentados por Talerico y determinar si existen elementos para avanzar con el procedimiento correspondiente.
La presentación no implica una destitución ni supone que los magistrados hayan sido encontrados responsables de las irregularidades denunciadas. Se trata de un pedido que deberá atravesar las instancias previstas para este tipo de procesos.
Mientras tanto, la decisión de la Corte Suprema modificó el escenario de la causa por la mansión de Pilar: Daniel Rafecas quedó a cargo de una investigación que busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble y establecer si existió una estructura financiera destinada al lavado de activos.
Así, el expediente que involucra a Pablo Toviggino y que mantiene bajo la lupa a distintos sectores vinculados con la AFA suma ahora un frente institucional: el cuestionamiento a dos jueces de Casación por su intervención en una de las disputas judiciales más controvertidas del caso.
