El regreso del control estatal sobre las cuotas y cómo reclamar.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga. La decisión modifica el esquema vigente desde fines de 2023 y establece que las actualizaciones de las cuotas deberán volver a quedar bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El fallo se originó en una demanda presentada por una afiliada cuya cuota aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Aunque la resolución tiene efectos directos sobre ese expediente, también constituye un antecedente para otros usuarios que cuestionan los incrementos aplicados por las empresas.
El regreso del control estatal sobre las cuotas
Con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, vuelve a cobrar vigencia el mecanismo previsto en la Ley 26.682. Esa normativa establece que la Superintendencia de Servicios de Salud debe fiscalizar la razonabilidad de los valores y autorizar las modificaciones de las cuotas.
A partir de este cambio, las empresas ya no podrán establecer libremente sus aumentos sin intervención del organismo estatal. Para evaluar las solicitudes, deberán considerarse la estructura de costos de cada compañía y los cálculos actuariales vinculados con los riesgos de la actividad.
Sin embargo, la Corte no estableció que las actualizaciones deban ajustarse exclusivamente a la inflación. El máximo tribunal revocó la parte de la sentencia de Cámara que había utilizado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como límite para los incrementos. Por lo tanto, ese indicador no funcionará como un tope automático.
Además, el expediente fue devuelto a la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que deberá establecer los criterios correspondientes para la intervención de la autoridad de aplicación. Hasta que se dicte ese nuevo pronunciamiento, todavía quedan aspectos operativos por definir.
Qué sucede con las cuotas que ya fueron pagadas
La resolución tampoco dispone una reducción general de los valores actuales ni establece la devolución automática de las diferencias cobradas desde la desregulación del sector. Su alcance inmediato está limitado a la afiliada que inició el reclamo judicial.
No obstante, el pronunciamiento puede ser utilizado como antecedente por otros usuarios que consideren que sus cuotas registraron incrementos injustificados. En esos casos, podrán solicitar una revisión administrativa o iniciar acciones judiciales para cuestionar los montos abonados.
Para respaldar esos planteos, es importante conservar las facturas anteriores y posteriores a los aumentos, los comprobantes de pago, las comunicaciones enviadas por las empresas y las condiciones de contratación del plan.
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Cómo pueden reclamar los afiliados
El director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, explicó en Infobae en Vivo cuáles son las alternativas disponibles para los usuarios que quieran cuestionar los aumentos.
Una de las primeras opciones es presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En ese trámite, los afiliados pueden detallar los incrementos recibidos, acompañar la documentación correspondiente e invocar el reciente pronunciamiento de la Corte.
También pueden solicitar una revisión de la cuota y una eventual refacturación si consideran que los aumentos no estuvieron debidamente justificados. En caso de identificar cobros indebidos, tienen la posibilidad de reclamar la devolución de las diferencias, aunque el reintegro dependerá de las circunstancias y de las pruebas de cada expediente.
Si la empresa rechaza el planteo o no ofrece una respuesta, los usuarios pueden recurrir a la Justicia. Según las características del caso, también podrían solicitar medidas cautelares para evitar nuevas subas mientras se resuelve la controversia.
Los puntos que todavía deben resolverse
Uno de los aspectos pendientes es la reglamentación del procedimiento que utilizará la Superintendencia para analizar y autorizar los futuros aumentos. Todavía no se precisaron los indicadores que se tendrán en cuenta, los plazos de evaluación ni la fecha desde la cual comenzará a exigirse el nuevo mecanismo.
Por otra parte, la Corte tiene cerca de 500 causas similares pendientes, según la información difundida sobre el expediente. El antecedente podría tener incidencia en esos procesos, aunque cada uno deberá resolverse de acuerdo con sus propias pruebas y circunstancias.
De esta manera, el fallo restablece la intervención estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga, pero no establece un mecanismo de devolución generalizada ni determina cuánto deberán aumentar las empresas en adelante.
