La jornada se extenderá durante todo el día y contará con la participación de docentes, decanos y profesionales de distintas áreas.
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volverán a llevar su reclamo a la calle para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales que ordenaron la recomposición salarial. La jornada incluirá clases públicas en Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Economía, además de actividades abiertas a la comunidad.
Según informó la universidad, la iniciativa se desarrollará desde las 7 de la mañana hasta la medianoche y contará con la participación de los 13 decanos de las facultades, quienes dictarán clases magistrales abiertas al público. El objetivo es visibilizar el reclamo y mostrar el impacto de la educación universitaria pública en distintos ámbitos.
Clases públicas y servicios gratuitos
Además de las actividades académicas, la UBA organizará prestaciones gratuitas para la comunidad en distintas especialidades. Habrá atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, junto con asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
La jornada también tendrá un espacio destinado a la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, donde se exhibirán proyectos realizados por estudiantes y docentes. Entre ellos estará un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por integrantes de la universidad.
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El docente y secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci, explicó el objetivo de la protesta: “Salimos a la calle una vez más para reclamar que la justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el gobierno acate los fallos. Esta es una Ley necesaria en la Argentina de hoy, pero que por sobre todo nos va a permitir construir un país con desarrollo, ciencia, educación y futuro”.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El reclamo tiene como antecedente el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció que la ley 27.795 solo podría aplicarse una vez identificadas las fuentes específicas de financiamiento. La decisión fue cuestionada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales, que acudieron a la Justicia.
En ese marco, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó el cumplimiento inmediato de parte de la normativa. En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa decisión, que alcanzó a los artículos 5 y 6, vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y con la recomposición de las becas estudiantiles.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desde la UBA consideraron que la resolución representó un respaldo a la aplicación de la normativa.
En ese momento, Cagnacci había planteado que los salarios universitarios debían recuperar el atraso acumulado. “El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la Corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar”, sostuvo.
Posteriormente, el Gobierno y las autoridades universitarias alcanzaron un acta acuerdo que contempló un incremento del 24,33% en la masa salarial, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los $50.000 millones. También se acordó una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano.
Sin embargo, el entendimiento no puso fin al conflicto. El 1° de septiembre de 2026, el juez federal Cormick hizo lugar a una nueva medida cautelar en una causa iniciada por la UBA y ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar de manera inmediata las partidas contempladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley, correspondientes a funcionamiento, salarios, becas e investigación.
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En su resolución, el magistrado señaló que el impacto fiscal de la normativa representa apenas el 0,23% del PBI.
La actividad de este martes se suma a las medidas de fuerza que los gremios universitarios vienen realizando durante las últimas semanas. Ese día también vencía el cuarto intermedio establecido en las paritarias entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario y los sindicatos docentes y no docentes, donde se discute la actualización salarial según la evolución del IPC y la recomposición por el desfasaje registrado durante 2024.
Los gremios advirtieron que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, avanzarán con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria.
