Se suman fallos por la inconstitucionalidad del artículo 55.
Lo que comenzó como una proyección de riesgo para el Ejecutivo se ha transformado en una realidad procesal: la reforma laboral ha comenzado a empantanarse en los tribunales. A través de una serie de fallos en diversas instancias, los magistrados están cuestionando la validez constitucional de puntos neurálgicos de la Ley 27.802, sancionada en sesiones extraordinarias, con especial énfasis en el régimen de indemnizaciones para litigios que ya estaban en curso.
El foco del conflicto se desplaza ahora hacia el artículo 55, que establece un tope a los montos resarcitorios por despidos sin causa. La ofensiva judicial más reciente provino de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo al confirmar una sentencia por un despido ocurrido durante la pandemia.
Los argumentos del “no”
El tribunal fue tajante al analizar la mecánica del cálculo indemnizatorio. Según los camaristas, el artículo 55 vulnera el derecho de propiedad del trabajador al imponer una “quita sustancial” del crédito laboral. En su dictamen, subrayaron que este esquema atenta contra el principio de igualdad y resulta incompatible con el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Suba del petróleo: impacto en precios y oportunidad histórica para exportaciones
Para entender la magnitud del recorte, hay que observar el contraste técnico:
-
El esquema general (Art. 54): Propone una actualización por inflación (CER) más un 3% anual.
-
El esquema transitorio (Art. 55): Limita ese importe a un 67% para juicios en trámite, lo que en la práctica funciona como un “techo” al derecho del trabajador.
Un frente judicial que se expande
La decisión de la Cámara Nacional no es un hecho aislado, sino que se suma a una tendencia federal. En Córdoba, el juez Ricardo Giletta (Sala Primera de la Cámara del Trabajo) también invalidó la norma argumentando que genera una discriminación arbitraria entre empleados en situaciones idénticas, perjudicando sistemáticamente a quienes llevan más tiempo litigando, lo cual violenta el artículo 16 de la Constitución.
En la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata se pronunció en la misma sintonía. El juez Nicolás Menestrina, tras utilizar la propia calculadora oficial diseñada por el Banco Central, demostró que la fórmula de la nueva ley implicaba una poda del 35% en los haberes de un empleado gastronómico, calificando el mecanismo como una “infra actualización” que licúa el valor real del resarcimiento.
A todo esto se sumó otro rechazo de la justicia del Trabajo en Córdoba que no convalidó el pago en cuotas.
El impacto político y económico
Esta parálisis judicial golpea el “corazón” del proyecto oficialista. El objetivo de la reforma —y de herramientas complementarias como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)— siempre fue reducir el costo de salida para las empresas. Con estos fallos, esa certidumbre económica que el ministro de Economía considera vital para la reactivación se desvanece en un limbo legal que, muy probablemente, deba ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Otros frentes: la transferencia de fueros
La resistencia no se limita a las indemnizaciones. El juez Herman Mendel suspendió recientemente el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), atendiendo un reclamo de la UEJN. Curiosamente, en el fuero Contencioso Administrativo, la suerte fue distinta: el juez Enrique Lavié Pico rechazó un amparo de la CGT, decisión que fue ratificada por la Cámara.
Este doble juego judicial también alimenta las suspicacias políticas. En los pasillos de Tribunales se comenta que la estrategia de la CGT —centrada en impugnar aspectos administrativos generales y no los derechos específicos de los trabajadores— podría ser el síntoma de una tregua silenciosa con el Gobierno, orientada a preservar el manejo de las cajas sindicales a cambio de ceder terreno en la letra chica de la reforma.
El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en dos décadas
Por ahora, la única certeza es la incertidumbre: mientras el Gobierno apuesta al mercado, la Justicia sigue aferrada a la Constitución.
