El organismo también aclaró cuáles son los límites técnicos del sistema de vigilancia electrónica utilizado para controlar a la ex presidenta.
La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) informó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que Cristina Fernández de Kirchner registró tres salidas a la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria desde septiembre de 2025. El organismo también aclaró cuáles son los límites técnicos del sistema de vigilancia electrónica utilizado para controlar a la ex presidenta.
El informe fue presentado luego de un requerimiento del TOF 2, que buscaba conocer los movimientos registrados dentro del edificio de San José 1111 y determinar hasta dónde alcanza el monitoreo de la tobillera electrónica. Según la documentación, las únicas salidas hacia la terraza fueron registradas el 9, el 10 y el 30 de marzo de 2026.
La primera de ellas ocurrió el 9 de marzo, entre las 18.29 y las 19.01, y tuvo una duración de 32 minutos. La segunda fue registrada el 10 de marzo, desde las 17.26 hasta las 17.44, durante 18 minutos. La tercera se produjo el 30 de marzo, entre las 18.04 y las 18.14, por un período de 10 minutos. La DAPVE confirmó que no hubo otros registros de salidas desde la unidad funcional hacia la terraza.
Qué puede detectar la tobillera electrónica
El organismo explicó que el dispositivo utilizado por Cristina Kirchner se comunica mediante radiofrecuencia con una unidad fija instalada en el domicilio. El sistema establece una “cerca virtual” y genera una alerta automática cuando la persona monitoreada abandona el perímetro establecido para cumplir la prisión domiciliaria.
Sin embargo, la tecnología no permite determinar con precisión en qué sector del edificio se encuentra la persona. El GPS puede establecer una ubicación correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no diferencia si la persona está dentro del departamento, en la terraza, en un pasillo, una escalera o en otro piso.
El TOF 2 también recibió documentación vinculada con una causa en la que se investiga a Abel Furlán y María Soledad Calle por presunta defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita. Según fuentes judiciales, el análisis de esos documentos no aportó elementos de interés para el expediente relacionado con la ejecución de la pena de Cristina Kirchner bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
