La decisión ratificó el traslado de la sede a Pilar y dejó sin efecto la designación de veedores por parte del Ministerio de Justicia.
La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y anuló las resoluciones mediante las cuales la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Ministerio de Justicia de la Nación habían dispuesto medidas de control sobre la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia.
La decisión judicial se conoció mientras el dirigente se encuentra en Estados Unidos siguiendo la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026. El fallo ratificó que el organismo encargado de fiscalizar actualmente a la AFA es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, luego del traslado de la sede social de la institución desde la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia la localidad bonaerense de Pilar.
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Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset concluyeron que el cambio de jurisdicción quedó plenamente consolidado tras la aprobación realizada por la Asamblea General de la AFA en octubre de 2024 y la posterior inscripción de la entidad en territorio bonaerense.
Qué resolvió la Cámara y por qué anuló las medidas
La sentencia declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, emitida el 18 de febrero de 2026, y dispuso la cancelación de la inscripción de la AFA en el Registro Público que depende de ese organismo.
Además, los jueces anularon la resolución firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mediante la cual se habían designado veedores por un plazo de 180 días hábiles luego de que la IGJ detectara presuntas irregularidades en el funcionamiento institucional de la asociación.
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En el fallo, los magistrados remarcaron que la Asamblea General de la AFA aprobó por unanimidad la modificación del estatuto para fijar su domicilio legal en la provincia de Buenos Aires y recordaron que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó formalmente ese cambio mediante la Resolución 9000/2024.
Los jueces señalaron que, mientras esos actos administrativos no sean impugnados, conservan plena validez jurídica. Por esa razón, concluyeron que la IGJ no tiene facultades para revisar las decisiones adoptadas por el organismo provincial ni para cuestionar la existencia de la nueva sede social.
El traslado a Pilar y las investigaciones que continúan
La nueva sede de la AFA funciona en un inmueble ubicado en Mercedes 1366, Pilar, cedido por la Municipalidad mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024. El acuerdo otorgó a la entidad el uso del predio para el funcionamiento de oficinas y dependencias administrativas.
Respecto de los estados contables, la Cámara sostuvo que la fiscalización no desaparece con el cambio de jurisdicción, sino que pasa a estar a cargo del organismo competente en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, indicó que cualquier inconsistencia deberá ser analizada por las autoridades bonaerenses.
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La resolución judicial, sin embargo, no afecta las investigaciones penales que continúan abiertas contra la AFA y algunos de sus dirigentes. Entre ellas figura una causa por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Pilar, incluida una casaquinta valuada en aproximadamente 17 millones de dólares.
Además, Claudio Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, permanecen procesados en una causa por presunta retención indebida de aportes, expediente que también se encuentra bajo análisis de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
