El hermano del jefe de Gabinete está en la mira del fiscal Marijuan, quien investiga el presunto delito de omisión maliciosa de información.
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa que investiga presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, y se centra principalmente en el presunto delito de omisión maliciosa de información en documentación oficial. Según la fiscalía, ya existe un grado de sospecha suficiente para avanzar hacia una nueva etapa de la investigación.
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El expediente analiza la evolución patrimonial de Adorni entre 2023 y 2026, período en el que ocupó distintos cargos dentro del Estado, entre ellos la titularidad de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Uno de los puntos destacados por la fiscalía es que Adorni se desempeñó anteriormente en un área vinculada al control de declaraciones juradas dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Por ese motivo, los investigadores sostienen que conocía con precisión los requisitos y procedimientos para la presentación de esa documentación.
Las rectificaciones que despertaron sospechas
La investigación señala que Adorni presentó varias declaraciones juradas entre febrero de 2024 y enero de 2026 y que todas fueron modificadas posteriormente mediante sucesivas rectificaciones.
Según el informe fiscal, cada corrección incorporó nuevos datos patrimoniales, ajustó valuaciones o agregó información sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y dinero en efectivo que no figuraban en las versiones originales.
El caso tomó mayor relevancia el mes pasado, cuando Adorni rectificó una de sus declaraciones y reconoció la existencia de $21 millones provenientes de una herencia que no habían sido informados previamente ante la Oficina Anticorrupción.
Para la fiscalía, la secuencia de modificaciones resulta llamativa porque las correcciones comenzaron a multiplicarse después del inicio de la investigación judicial. En total, la pesquisa contabilizó más de diez rectificaciones realizadas en distintos momentos.
Entre los cambios detectados figura la incorporación de efectivo declarado, nuevas cuentas bancarias en pesos y dólares, instrumentos financieros y tarjetas de crédito tanto a nombre del funcionario como de su esposa.
El fiscal sostuvo que el funcionario «omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales», ocultando cuentas bancarias, sumas de dinero y otros bienes que debían ser informados de manera obligatoria.
El crecimiento patrimonial bajo análisis
La documentación incorporada al expediente también detalla variaciones patrimoniales que son objeto de estudio.
De acuerdo con los registros analizados, durante 2024 Adorni declaró bienes por $43,7 millones y deudas por $130 millones. Al finalizar ese mismo año, los bienes informados ascendían a $71 millones, mientras que las deudas se reducían a $60 millones.
La fiscalía destacó que esto implicó un incremento patrimonial superior a los $27 millones y una reducción de pasivos cercana a los $70 millones en un año.
Además, distintos bienes sufrieron modificaciones de valuación a lo largo de las rectificaciones. Uno de los ejemplos mencionados en el expediente es un inmueble ubicado en City Bell, cuyo valor fue informado inicialmente en $77,5 millones, luego corregido a $130 millones y posteriormente ajustado a $105 millones.
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También se detectó la incorporación progresiva de vehículos, cuentas bancarias y otros activos que no habían sido incluidos en las primeras declaraciones.
Para Marijuan, resulta difícil sostener que esas omisiones respondieran a simples errores debido a la experiencia y responsabilidad que Adorni tenía en funciones relacionadas con auditorías y control administrativo dentro del Estado.
La investigación está encuadrada en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que sanciona la presentación de declaraciones juradas falsas o la omisión de bienes por parte de funcionarios públicos.
Ahora será el juez de la causa quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y cita a Francisco Adorni a declaración indagatoria, instancia en la que podrá responder a las acusaciones y presentar su defensa.
