Busca revertir una sentencia que dejó sin efecto una condena contra la Argentina por US$ 16.100 millones más intereses.
El fondo de inversión Burford Capital llevó el juicio por la expropiación de YPF a la última instancia judicial de Estados Unidos. La compañía, que financia las demandas impulsadas por las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó ante la Corte Suprema de EE.UU. un pedido para que revise el fallo que favoreció a la Argentina.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la presentación fue realizada el miércoles 30 de septiembre, fecha en la que vencía el plazo para recurrir ante el máximo tribunal estadounidense. La información fue difundida por Bloomberg y posteriormente confirmada por la Procuración del Tesoro de la Nación.
Burford busca revertir la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que había dejado sin efecto la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska.
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Qué reclama Burford en el juicio por YPF
El fondo pretende que la Corte Suprema revise el fallo que eximió a la Argentina del pago de aproximadamente US$ 16.100 millones más intereses, una suma vinculada con la demanda por la estatización de YPF.
En su presentación, los demandantes sostuvieron que la decisión de la Cámara de Apelaciones fue, según su propia caracterización, “gravemente errónea” y de consecuencias relevantes.
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El conflicto judicial se inició a partir de la demanda de las sociedades Petersen y Eton Park, que cuestionaron el proceso de expropiación de la petrolera argentina.
En marzo, la Corte de Apelaciones de Nueva York había revocado la sentencia de Preska. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson consideraron que la magistrada había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino. El juez José Cabranes expresó una posición disidente. Posteriormente, en junio, el tribunal en pleno (en banc) rechazó un pedido para revisar esa decisión.
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La Corte Suprema de EEUU deberá decidir si toma el caso
La presentación realizada por Burford no significa que la Corte Suprema de Estados Unidos vaya a revisar automáticamente el expediente. El fondo solicitó que el máximo tribunal acepte el caso mediante un recurso de certiorari.
Según datos citados en el material, la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión por período de sesiones, pero termina tomando alrededor de 80 casos.
Además, el tribunal no tiene un plazo determinado para decidir si acepta o rechaza la solicitud. El caso ya había llegado anteriormente al máximo tribunal estadounidense. En 2019, la Corte Suprema había determinado que la disputa podía continuar en tribunales de Estados Unidos.
Burford también recurrió al CIADI por la expropiación de YPF
La estrategia judicial de Burford no se limita a Estados Unidos. Durante septiembre, el fondo también se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial.
La presentación fue realizada en representación de las sociedades Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi, para reclamar una compensación al Estado argentino por la expropiación de YPF.
Burford está dirigido por Christopher Bogart y participa de los derechos económicos de las sociedades involucradas en el litigio.
Según información difundida a comienzos de año, el fondo conservaba el 35% de las acciones de la quiebra de las sociedades Petersen y el 82% de Eton Park. El valor contable de esas participaciones rondaba entonces los US$ 100 millones, frente a los aproximadamente US$ 1.700 millones que representaban antes del fallo adverso de marzo.
Un juicio que atravesó distintos gobiernos argentinos
El litigio por la expropiación de YPF atravesó las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Durante los últimos años, el Estado argentino mantuvo la defensa judicial frente a los distintos reclamos derivados de la estatización de la petrolera.
Ahora, la presentación de Burford ante la Corte Suprema de Estados Unidos abre una nueva instancia en el prolongado conflicto judicial, mientras el máximo tribunal deberá decidir si acepta o no revisar el caso.
