La decisión se tomó tras versiones sobre posibles filtraciones de información sobre la defensa judicial.
El juicio de YPF en Estados Unidos tomó un nuevo giro cuando comenzó a circular la versión de posibles filtraciones a los fondos buitre extranjeros desde la Procuración del Tesoro. Ante esta noticia, el Gobierno decidió despedir a más de 60 empleados que formaban parte del organismo.
Se evitó mencionar el hecho en cualquier mensaje público sobre el tema. El comunicado surge de la necesidad de desvincular directamente a los involucrados, pero se intenta comprometer lo menos posible la estrategia judicial de la Argentina.
Esta información se conoció en la misma semana en que se confirmaron señales de que Donald Trump tomaría posición a favor de la Argentina en el caso.
El comunicado oficial remarca la necesidad de “eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”.
El organismo pasará por un proceso de reestructuración profunda luego de estos casos. Además del proceso de “eficientización”, se impulsa una nueva política de ahorro y reasignación de recursos: “Se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”. Se busca limitar el acceso a información clave dentro del propio ámbito de trabajo.
