Tras la seguidilla de feriados, inicia una etapa donde el foco se traslada a la estabilidad, la llegada de capitales y la evolución de los precios.
Por Miguel Ángel Rouco
Una vez silenciados los ecos del estío y de la seguidilla de feriados, el país se encamina a iniciar de lleno el año, en el marco de la ausencia de procesos electorales y de necesidades políticas, y con el solo objetivo de consolidar el enorme esfuerzo que viene realizando la sociedad en pos de una mejor calidad de vida.
Ahora es el tiempo de consolidar las inversiones prometidas y del ingreso de la tan ansiada corriente de capitales que anunció el Gobierno nacional luego del ajuste.
La sociedad está pidiendo mayor estabilidad laboral, en medio de un nuevo cambio de paradigmas en la estructura del mercado del trabajo, a partir de la sanción de una reforma legislativa que incentiva a sacudir el empleo.
Sin embargo, el empleo es solo una manifestación de la economía en su conjunto, con enormes repercusiones sociales, es cierto, pero fuertemente amenazado por la irrupción tecnológica, de la mano de la inteligencia artificial y otros avances que ponen en jaque a decenas de oficios y profesiones.
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La mejora en el empleo y en los salarios vendrá de la mano de un crecimiento de las inversiones, de un aumento de la productividad de la economía y de la derrota definitiva del proceso inflacionario.
Los últimos datos y proyecciones de los economistas del sector privado dan cuenta de que los precios solo descenderían a partir de la segunda mitad del año y que en este segundo trimestre todavía es mucho el terreno que hay que ajustar.
Así como la guerra de Oriente Medio disparó los precios de los commodities energéticos, a nivel local las tarifas de los servicios esenciales —luz, gas y otros— verifican un retraso que el Gobierno busca corregir durante los próximos meses.
Esto dejaría un escenario inflacionario aún muy caliente, lo que retrasaría la llegada de la reactivación económica.
En este punto, las autoridades se debaten entre reforzar el ajuste o bien permitir que la economía reaccione a partir de la baja de tasas de interés, impulsada por la reducción de los encajes bancarios.
Al mismo tiempo, algunas voces empiezan a insistir con un retraso del tipo de cambio. No es casual que el ministro de Economía, Luis Caputo, haya salido al cruce de quienes advierten sobre una posible disrupción cambiaria.
Más que el contenido de las decisiones, lo que se debate en la Casa Rosada y en los sectores privados es el costo de oportunidad en la toma de decisiones.
Algunos analistas cercanos al Gobierno sostienen que este es un buen momento para levantar definitivamente el cepo cambiario y permitir que la paridad se ajuste de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado.
Los consejeros oficiales indican que, con los dólares que ingresen por la cosecha gruesa y las inversiones en energía y minería, habrá divisas suficientes para amortiguar cualquier corrida cambiaria.
El presidente Javier Milei y Caputo se muestran más cautelosos. Observan especialmente los vencimientos de deuda y buscan garantizar que las divisas necesarias estén disponibles.
Ambos tienen la convicción de que, si se demuestra solidez en el cumplimiento de las obligaciones, la Argentina podría mejorar su calificación crediticia a mitad de año y salir de la categoría de “País de Frontera” para convertirse en un “Mercado Emergente”.
Esto permitiría acceder a financiamiento en mejores condiciones y refinanciar vencimientos más allá del actual mandato.
La diferencia es significativa: el riesgo país para compromisos dentro del mandato tiene un nivel menor a 200 puntos básicos, mientras que para bonos con vencimientos entre 2028 y 2030 el sobrecosto ronda los 600 puntos básicos.
El Gobierno apuesta a que esa mejora abra las puertas a un nuevo ciclo de inversiones y a una mayor estabilidad macroeconómica.
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En el corto plazo, y con la crisis energética global como telón de fondo, el Ejecutivo analiza, tras el acuerdo de precios con petroleras, aumentar el componente de biodiésel en los combustibles.
En un acercamiento con gobernadores de provincias productoras, la intención oficial sería elevar de manera obligatoria el corte de biocombustibles hasta el 20%, bajo el argumento de que los motores pueden soportar esa combinación sin inconvenientes.
