Un día después de la huelga general por la crisis de vivienda, el Gobierno español consiguió el respaldo parlamentario para extender por dos años los contratos de alquiler.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, consiguió este jueves la aprobación parlamentaria de uno de sus decretos sobre vivienda, en medio de la creciente tensión por la crisis habitacional y apenas un día después de la primera huelga general en 14 años, impulsada por los reclamos de alquileres más accesibles y salarios dignos.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la Diputación Permanente, el órgano que representa al Congreso durante los períodos en los que las Cortes Generales están disueltas, convalidó las medidas que buscan aliviar la situación de los inquilinos. Entre los principales puntos, el decreto establece una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y la suspensión de los desalojos de personas vulnerables en determinadas condiciones.
La norma también contempla beneficios fiscales para los propietarios que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles y restricciones a la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión hasta 2030.
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Sin embargo, el Parlamento volvió a rechazar la propuesta impulsada por Sumar, socio minoritario del Gobierno, que planteaba una renovación indefinida de los contratos de alquiler.
Qué medidas contempla el decreto de vivienda de Pedro Sánchez
El decreto aprobado por la Diputación Permanente incluye distintas herramientas para proteger a los inquilinos frente al aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
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Entre las principales medidas se encuentran:
- Prórroga de alquileres: los contratos que venzan antes de 2029 podrán extenderse por dos años.
- Suspensión de desalojos: se frenarán los desahucios de personas vulnerables cuando el propietario sea una empresa con varias propiedades, bajo las condiciones previstas en la norma.
- Beneficios fiscales: los propietarios que incorporen sus viviendas al mercado de alquiler a precios asequibles podrán acceder a incentivos impositivos.
- Límites a los fondos de inversión: se establecen restricciones para la compra de casas y departamentos por parte de fondos buitre hasta 2030.
La iniciativa había sido presentada por el Gobierno después del caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en una vivienda alquilada por su familia desde hacía siete décadas y que fue desalojada luego de que un fondo de inversión inmobiliaria comprara el inmueble. Su historia se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional española.
Por qué el Parlamento rechazó la renovación indefinida de los alquileres
Aunque el Gobierno consiguió aprobar uno de los decretos, no logró el respaldo necesario para la segunda iniciativa, impulsada por Sumar, que proponía extender los contratos de alquiler de manera indefinida.
La propuesta ya había sido rechazada por el Congreso en octubre y volvió a recibir un resultado negativo en la Diputación Permanente. De esta manera, quedó afuera una de las medidas que buscaban ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos.
Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió la prórroga de los contratos y sostuvo que la medida podía representar un ahorro promedio de 4.341 euros para los inquilinos alcanzados, según un informe del Ministerio de Consumo.
La huelga general y la crisis de vivienda en España
La aprobación del decreto llegó horas después de la huelga general del miércoles 11 de noviembre, una protesta que puso en el centro del debate la dificultad de acceder a una vivienda y el costo de los alquileres.
La movilización se produjo en un contexto de creciente malestar social, con manifestaciones en distintas ciudades y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid que se extendió durante un mes.
Sánchez buscó convertir la crisis habitacional en uno de los ejes de su estrategia política, en la antesala de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.
Sin embargo, la aprobación del decreto generó fuertes cuestionamientos de la oposición. El Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya votaron en contra de la iniciativa y criticaron que el Gobierno impulsara nuevamente medidas que ya habían sido rechazadas en el Congreso.
El diputado del PP Sergio Sayas calificó el procedimiento como un “fraude a la democracia”, mientras que Vox pidió anular la votación.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la norma y cuestionó a los partidos opositores por rechazar las medidas destinadas a proteger a los inquilinos.
