El proyecto fue aprobado con 44 votos a favor y 23 en contra.
El Senado convirtió en ley este jueves la segunda versión de la denominada Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el régimen simplificado de Ganancias y establece nuevos criterios para los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El proyecto fue aprobado con 44 votos a favor y 23 en contra.
La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales. El peronismo votó en contra y cuestionó el proyecto por considerar que forma parte de un esquema de regularización de activos. Durante el debate, también hubo planteos vinculados con el impacto de las modificaciones tributarias sobre las provincias.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la modificación de las condiciones para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). El esquema establece parámetros vinculados con los ingresos y el patrimonio de los contribuyentes para determinar quiénes pueden incorporarse al régimen.
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La norma también modifica el criterio para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre la información declarada por un contribuyente y los datos disponibles para el fisco. Según lo explicado durante el debate, las diferencias del 15% o más que no superen los $5 millones dejarán de ser consideradas significativas bajo este régimen.
Otro de los cambios establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado tapón fiscal. El Gobierno plantea que el nuevo esquema facilite la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
Durante la discusión, el senador oficialista Bruno Olivera sostuvo que la iniciativa busca modificar el vínculo entre los contribuyentes y el fisco. Desde la oposición, José Mayans afirmó que el bloque peronista rechazaba el proyecto por su vinculación con el programa económico del Gobierno. Otros senadores cuestionaron aspectos relacionados con los controles sobre funcionarios y personas políticamente expuestas.
Uno de los planteos opositores estuvo relacionado con la exclusión de determinados familiares de funcionarios de las restricciones previstas en la norma. El senador Fernando Salino propuso ampliar esos controles a cónyuges, convivientes y familiares en distintos grados. El oficialismo no aceptó modificaciones y el texto fue votado sin cambios.
La sesión también incluyó la aprobación del acuerdo para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias vinculadas con la justicia penal y correccional de menores. El convenio fue aprobado por 44 votos a favor y 21 en contra y contempla que la Ciudad investigue y juzgue delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
El traspaso también alcanza determinados casos de adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por situaciones conexas. Para los menores de 14 años se prevén intervenciones judiciales de protección. El acuerdo incluye además recursos para el funcionamiento de las competencias transferidas y generó cuestionamientos opositores vinculados con el federalismo fiscal.
