Los parlamentarios británicos consideran que le faltaría «sustento legal» a la decisión de Nación.
La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas volvió a escalar por la explotación de recursos naturales en el archipiélago. El Gobierno británico respaldó a las empresas y particulares vinculados con actividades económicas en las islas y cuestionó las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei contra quienes participen de proyectos hidrocarburíferos. Horas después, el canciller Pablo Quirno respondió y volvió a reclamar negociaciones sobre la soberanía.
La postura británica fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, quien sostuvo que Londres considera que las islas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales. Además, cuestionó cualquier intento de utilizar mecanismos internacionales contra personas o compañías que hagan negocios con el archipiélago.
En su declaración, Kumaran afirmó que las acusaciones contra empresas y particulares vinculados con las islas son “inaceptables” y “carecen de justificación legal”. También aseguró que el Gobierno británico y su red diplomática respaldan plenamente a quienes suministran bienes y servicios al archipiélago, incluido el sector de hidrocarburos.
Quirno respondió que la Argentina considera ilegal que el Reino Unido dé por definida la soberanía sobre las islas mientras el diferendo continúa abierto. El canciller sostuvo además que el Gobierno argentino no tiene una intención belicosa y que busca abordar la cuestión por vías democráticas y pacíficas. Según expresó, la posición británica demuestra la falta de voluntad de Londres para avanzar hacia una negociación sobre la soberanía.
El enfrentamiento se produce después de que la administración de Milei profundizara las medidas contra compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las aguas que Argentina considera parte de su plataforma continental. En septiembre, el Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas por actividades vinculadas con la exploración y explotación de petróleo en la zona.
Malvinas: fuerte respuesta del Reino Unido ante las medidas impulsadas por Argentina
Además, el Poder Ejecutivo envió el 17 de septiembre al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca endurecer las herramientas legales contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina y establece mecanismos de coordinación estatal vinculados con la defensa de los reclamos de soberanía. El Gobierno calificó el proyecto como un hito dentro de su estrategia sobre las islas.
Uno de los principales focos del conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por compañías como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Las empresas sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, mientras que Argentina considera ilegítimas esas autorizaciones y sostiene que la explotación de recursos en el área requiere su consentimiento.
El nuevo cruce expone así una diferencia central entre Buenos Aires y Londres: mientras Argentina busca utilizar herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas para reforzar su reclamo de soberanía, el Reino Unido sostiene su administración sobre el archipiélago y respalda el desarrollo de actividades económicas allí. La disputa por los hidrocarburos se convirtió en uno de los principales puntos de tensión bilateral.
