El incremento salarial será del 45% distribuido en cuatro cuotas que se terminará de pagar en febrero del 2022. El acuerdo con el Ministerio de Trabajo se da después de semanas de conflictos y medidas de fuerza por parte de las cámaras patronales.
Luego de semanas de conflictos por el aumento de sueldo entre el gobierno, el personal sanitario logró acordar con el gobierno por un incremento del 45% en la paritaria, un número que se ajusta a lo que pedían desde el sector.
La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informó que se alcanzó un acuerdo en la negociación paritaria 2021 con los representantes de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Esta tarde se firmó el acuerdo paritario en el que se garantiza un incremento salarial de 45%, que se hará efectivo 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en noviembre y 5% febrero del 2022. Este acuerdo se alcanzó en el marco de la actualización de aranceles por parte de la medicina prepaga de cuatro cuotas de 9% -todos los tramos son acumulativos- en agosto, septiembre, octubre y enero; de los aumentos otorgados por el PAMI (15% en julio, 5% en octubre y 8% en enero, más un monto adicional del 10% hasta que puedan ser redactadas las adendas de incentivos a calidad y exclusividad) y de un incremento similar al de las prepagas por parte de las Obras Sociales.
El acuerdo que se logró con la cartera conducida por Claudio Moroni alcanzará a la totalidad del personal asistencial de clínicas y sanatorios privados, en el marco de la pandemia del coronavirus que sigue manteniendo en vilo al sistema de salud del país, a pesar de que algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, llevan ocho semanas seguidas de descenso en el promedio de nuevos contagios.
Por su parte, la FAPS presentó una manifestación empresaria en la que se dejó por escrito que “el dictado de las normas necesarias para que se vean reflejados los compromisos antes mencionados y el traslado en el caso de los incrementos de los aranceles a favor del sector prestador por parte de los financiadores, constituye una condición necesaria y excluyente para la aplicación de los acuerdos paritarios alcanzados”.