El Gobierno busca aprobar el Super RIGI antes de fin de junio y ya negocia apoyos en Diputados

Los planteos que hicieron desde el PRO y la UCR.


El Gobierno nacional comenzó a acelerar las negociaciones en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del denominado Super RIGI, un proyecto que busca fomentar inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores estratégicos vinculados a las denominadas «industrias del futuro».

Durante una reunión realizada este martes en las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, funcionarios nacionales mantuvieron un encuentro con representantes de bloques aliados para presentar los principales lineamientos de la iniciativa y coordinar el cronograma legislativo.

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Según trascendió, el oficialismo prevé realizar al menos dos reuniones informativas en comisión para que funcionarios expliquen los alcances del proyecto. La intención es obtener dictamen durante la semana del 10 de junio y llevar el debate al recinto entre el 18 y el 24 de junio, dependiendo de los consensos que logre reunir.

El proyecto apunta a impulsar inversiones en actividades como la fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, centros de datos, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre los beneficios previstos se incluyen incentivos fiscales y aduaneros, una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal, reducción de impuestos sobre dividendos y estabilidad regulatoria por 30 años.

Además, contempla arancel cero para determinadas importaciones, eliminación de retenciones a las exportaciones alcanzadas por el régimen y límites a la carga tributaria provincial y municipal en las jurisdicciones que adhieran al esquema.

Desde sectores aliados como el PRO y la UCR manifestaron una posición favorable, aunque plantearon algunas observaciones. Entre ellas, solicitaron que se garantice un porcentaje mínimo de contratación de proveedores locales y que se delimite con mayor precisión qué actividades serán consideradas dentro de las «industrias del futuro».

En contrapartida, legisladores de la oposición cuestionaron el alcance de los beneficios previstos para las empresas y advirtieron sobre el impacto que podrían tener en la recaudación fiscal y en las facultades regulatorias del Estado a largo plazo.

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El debate se da en un contexto de búsqueda de inversiones extranjeras por parte del Gobierno, que considera al Super RIGI una herramienta clave para atraer grandes proyectos productivos y tecnológicos al país.

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