Las autoridades de España informaron que, ante el colapso administrativo, procederán a tercerizar la carga de datos.
El Consulado General de España en Buenos Aires enfrenta un colapso administrativo tras recibir más de 645.000 solicitudes de ciudadanía española en el marco de la Ley de Memoria Democrática.
La normativa, que amplía el acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados, generó una demanda sin precedentes. El plazo para presentar documentación venció el 22 de octubre de 2025, luego de una prórroga de un año otorgada por el gobierno español.
A nivel global, se registraron 876.321 solicitudes, de las cuales 366.579 corresponden a personas residentes en Argentina. Ante la saturación, las autoridades decidieron tercerizar la carga de datos de los expedientes en papel al sistema digital, con el objetivo de acelerar el proceso.
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“Se están cerrando con Madrid los detalles operativos de este nuevo sistema”, indicaron fuentes consulares.
El volumen de expedientes también se refleja en el soporte físico: los documentos acumulados alcanzan unas 56 toneladas de papel.
Desde el consulado reconocieron problemas en la capacidad tecnológica: “Los sistemas informáticos no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites”, señalaron.
Los expedientes se analizan de manera individual y por orden cronológico, lo que prolonga los tiempos de resolución.
Si se toma como referencia la Ley de Memoria Histórica de 2007, que resolvió 60.000 casos en diez años, especialistas estiman que el actual volumen podría demorar más de un siglo en completarse.
La Ley de Memoria Democrática permite acceder a la ciudadanía a hijos y nietos de exiliados por motivos políticos, ideológicos o sociales. También incluye a descendientes de beneficiarios de normativas anteriores.
Argentina concentra el 42% de las solicitudes globales. Además, es el país con mayor comunidad española fuera de la península, con más de 480.000 ciudadanos españoles residentes y millones de personas con vínculos familiares.
Desde el Consulado General de España en Buenos Aires y el Consejo de Residentes Españoles solicitaron comprensión ante la magnitud del proceso, que continúa bajo supervisión de Madrid y con refuerzos técnicos en marcha.
