Funcionarios de ministerios clave de la Provincia de Buenos Aires buscan determinar si los hechos responden a una coordinación sistemática y no a casos aislados.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Juan Martín Mena, junto a la Subsecretaría de Política Criminal, representada por Lisandro Pellegrini, y en articulación con el Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, presentaron una denuncia formal ante la Procuración General bonaerense.
En esa presentación, solicitaron la apertura de una investigación destinada a identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de las múltiples amenazas registradas en más de 600 escuelas bonaerenses durante los últimos días.
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Los funcionarios aclararon que las denuncias ya se encuentran bajo investigación en los distintos Departamentos Judiciales, pero remarcaron que esta nueva presentación busca avanzar un paso más allá de las causas individuales.
Una investigación que busca determinar una posible estructura detrás de los hechos
Según plantearon, el objetivo es “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.
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La denuncia se elaboró desde una perspectiva de niñez y tomó como elemento contextual principal el ataque ocurrido el 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. A partir de ese episodio, comenzaron a registrarse de manera creciente amenazas en escuelas tanto de la Provincia de Buenos Aires como del resto del país.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, ese hecho marcó un punto de inflexión y coincidió con un incremento sostenido de episodios que, con el correr de los días, se expandieron hasta alcanzar un nivel de escalada exponencial, generando preocupación en las comunidades educativas y en los organismos de seguridad y justicia.
