A casi un año de que se confirmara la condena por defraudación al Estado, vuelve a recurrir al Máximo Tribunal para frenar la ejecución de sus propiedades.
Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la decisión que habilitó el decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su domicilio de San José 1111.
El planteo apunta a revertir la ejecución de activos vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, incluidos en el listado de bienes que el Tribunal Oral Federal N°2 ordenó recuperar como parte del cumplimiento de la sentencia.
El eje del reclamo ante la Corte
En el escrito presentado por su defensa, al que accedieron fuentes judiciales, se solicita que el máximo tribunal haga lugar al recurso directo para analizar la validez del proceso de decomiso. El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, sostuvo que la medida vulnera el derecho de propiedad y el principio de legalidad, al considerar que se habría aplicado una interpretación amplia del instituto del decomiso.
Según el planteo, la ejecución de bienes incluiría activos de origen lícito y no existiría una acreditación directa que los vincule con el delito juzgado en la causa.
La defensa también remarcó que el Ministerio Público Fiscal mantiene la facultad de identificar otros bienes que puedan ser utilizados para cumplir con la sentencia, sin afectar aquellos que consideran de origen legítimo.
Los bienes en disputa y la postura judicial
El foco del conflicto incluye un total de 19 bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellos departamentos, casas y terrenos ubicados en distintas localidades de Santa Cruz. La defensa sostiene que esas propiedades fueron adquiridas mediante operaciones legales y no constituyen producto ni beneficio del delito investigado.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 había avalado el pedido de la fiscalía e incorporado esos activos al proceso de recuperación, al considerar que fueron adquiridos dentro del período investigado en la causa.
El criterio de la Justicia y el monto del decomiso
La Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado la validez del decomiso, al sostener que los bienes provenientes de hechos ilícitos pueden ser recuperados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados.
El tribunal también respaldó la ejecución de activos para hacer efectivo el recupero económico fijado en la sentencia, que supera los 684.000 millones de pesos.
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Mientras la discusión continúa en la Corte Suprema, el caso vuelve a ubicarse en el centro del debate judicial sobre el alcance del decomiso en causas de corrupción y la trazabilidad de los bienes involucrados.
