Una operatoria que implicó más de tres mil seiscientos millones de pesos fue señalada en la pesquisa judicial, donde se destaca la intervención de varias sociedades y el cumplimiento de reportes exigidos por el Banco Central
El Banco Coinag cerró de manera definitiva las cuentas bancarias de las empresas Servicios Lindor y Servicios Neurus, vinculadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y a su pareja María Florencia Sartirana, luego de advertir posibles irregularidades en sus movimientos financieros durante 2025. Estas acciones del banco se produjeron dentro del programa de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas exigido por el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras continúa una investigación penal abierta por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero en la que están involucrados tanto Toviggino como el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus operaron únicamente durante el año 2025, según fuentes del Banco Coinag citadas por Infobae, y se encuentran cerradas desde diciembre de ese mismo año. Los fondos que permanecían en esas cuentas fueron transferidos posteriormente a la Banco Credicoop. Coinag aclaró además que no enfrenta ninguna investigación directa, destacando que las actuaciones se enmarcaron en el cumplimiento estricto de las normativas del sector, y que su procedimiento de evaluación técnico y patrimonial responde a los estándares exigidos por el BCRA.
La entidad detalló que algunos movimientos sospechosos propiciaron reportes a la autoridad regulatoria, identificada como el Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de garantizar la transparencia y la debida diligencia en la gestión de los fondos de sus clientes. Como resultado del proceso de control, Coinag decidió cerrar las cuentas y remitir la información a la fiscalía federal de Santiago del Estero, órgano que investiga los movimientos de Toviggino y Tapia en la mencionada causa penal.
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La fiscalía pidió detener a Tapia, Toviggino y reclamó la inhibición de bienes
La clausura de las cuentas empresariales se ha convertido en un dato central en la investigación a cargo del fiscal federal Pedro Simón en Santiago del Estero. La semana pasada, Simón solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, a quienes se acusa de haber utilizado compañías como Servicios Lindor y Servicios Neurus “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” a partir de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino, de acuerdo con un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae.
La acusación de la fiscalía abarca los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. El núcleo de la investigación alcanzó el pedido de captura para 24 personas vinculadas, excluyendo únicamente a dos hijos de Toviggino por su minoría de edad. También se solicitó la inhibición general de bienes sobre la totalidad de los acusados.
El dictamen sostiene que muchos de los involucrados actuaron presuntamente como testaferros, “asumiendo la titularidad de bienes” que serían en realidad de titularidad de Toviggino. Dentro del listado aparece Real Central, sociedad cuyos titulares son Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, responsables de una casaquinta en Pilar valuada en USD 17 millones. Tanto Pantano como Conte ya eran investigados en un proceso penal en un juzgado federal de Campana, provincia de Buenos Aires.
Más de $3.600 millones transferidos de AFA a empresas investigadas
La fiscalía federal de Santiago del Estero detectó que la AFA transfirió un total de $3.633.013.825,80 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus, empresas integradas principalmente por personas cercanas a Toviggino, según consta en el dictamen citado por Infobae. Todas desempeñaron funciones clave, coordinadas desde el núcleo más próximo del tesorero.
El documento judicial indica que estas sociedades emitieron facturas a la AFA para justificar la transferencia de fondos. Sin embargo, la fiscalía asegura que “no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”.
Una vez recibidas las transferencias, las empresas emitieron facturas inter-bloque a su propio favor, con el objetivo de dificultar el rastreo del flujo de dinero, de acuerdo a la acusación reproducida por Infobae. Ante este mecanismo, la fiscalía pidió nuevas medidas de prueba e impuso el secreto de sumario en el expediente judicial.
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Exigencias regulatorias y causas paralelas amplían el alcance de la investigación
El Banco Coinag, en su declaración a Infobae, aseguró que sus prácticas de monitoreo cumplen con los lineamientos regulatorios y los estándares del sistema bancario. La decisión de clausurar las cuentas y remitir información a la justicia se basó en esos protocolos de cumplimiento.
La investigación, además de abarcar operaciones en Santiago del Estero, involucra bienes radicados fuera de esa provincia. El juez interviniente debe analizar ahora la solicitud de detención y la ampliación de las acciones preventivas sobre los activos de los acusados, medidas destinadas a evitar que los bienes eventualmente derivados de las operaciones bajo sospecha sean transferidos o ocultados durante el curso del proceso penal.
