En el último día antes de vencer el plazo fijado por la Justicia, la expresidenta cuestionó la cifra de 684 millones de pesos.
Cristina Kirchner enfrenta el último día del plazo que fijó la Justicia para depositar los 684 millones de pesos que debe pagar por la causa Vialidad. La expresidenta y su defensa presentaron un documento en el que solicitan suspender la ejecución de sus bienes.
Los abogados argumentan que el número “no es definitivo” y que no fue motivo de debate. A su vez: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.
La expresidenta también aseguró que su crecimiento patrimonial y el del resto de su familia es completamente legítimo y que los bienes a embargar no corresponden al hecho enjuiciado.
Otro argumento utilizado es que se emplea el índice de precios al consumidor y no otro criterio, como pueden ser las tasas bancarias. Remarcan que es “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”.
El daño al Estado originalmente se calculó en $85 millones de pesos, pero con la utilización del IPC, el monto asciende a $684.990 millones. La defensa aclara que otras mediciones (por ejemplo, la tasa pasiva del BNA) arrojarían cifras “cien veces menores”.
La medida también debería reevaluar las cifras que afectan al resto de los involucrados en la causa: Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros.
