El Tribunal dispuso que el conflicto sobre el futuro de la causa que ya pasó por tres juzgados sea resuelto nuevamente con “celeridad”.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la causa que investiga la adquisición de una casaquinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, al juzgado federal de Campana y resolvió que el conflicto de competencia sea definido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I del tribunal, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía que cuestionaba la intervención de la Cámara Federal de San Martín, que en enero había dispuesto el traslado del expediente al juzgado a cargo del juez Adrián González Charvay.
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De este modo, el magistrado continuará al frente de la investigación hasta que el tribunal de apelaciones determine si corresponde que el caso permanezca en ese fuero o regrese al ámbito penal económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se originó a partir de una denuncia que apunta a la compra de la propiedad por parte de la sociedad Real Central, vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes son investigados como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia. Entre los nombres mencionados también figura el tesorero Pablo Toviggino.
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en el predio, donde se constató la existencia de una flota de autos de colección, además de instalaciones como helipuerto y caballerizas. La pesquisa busca determinar el origen de los fondos utilizados para la adquisición y el desarrollo de la propiedad.
El fallo de Casación abre un nuevo capítulo en la disputa judicial por la competencia del caso, que ya pasó por distintos jueces desde su inicio. En disidencia, el juez Mariano Borinsky consideró que el planteo debía ser rechazado por no tratarse de una resolución definitiva y advirtió sobre demoras en el proceso.
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Por su parte, la mayoría del tribunal entendió que la Cámara de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto y sostuvo que la definición corresponde al fuero en lo penal económico, en línea con el juzgado que intervino inicialmente en la causa.
En paralelo, el juez de Campana avanzó con nuevas medidas de prueba orientadas a rastrear el origen del dinero con el que se adquirieron los bienes investigados, mientras se aguarda una definición sobre la competencia que determinará el futuro del expediente.
