La presentación respondió a un requerimiento del tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska. Todos los detalles.
El proceso judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo luego de que la República Argentina presentara ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una declaración jurada vinculada a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La presentación respondió a un requerimiento del tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska, quien falló a favor del fondo Burford Capital en la causa.
En el escrito, el Estado argentino sostuvo que las reservas internacionales del BCRA gozan de inmunidad soberana y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de ejecución judicial ni en los Estados Unidos ni en ningún otro país, con independencia de cualquier pedido de discovery. La declaración jurada fue firmada por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.
El documento dejó constancia del conocimiento disponible en el ámbito del Poder Ejecutivo sobre la administración del oro del BCRA. Para su elaboración, se realizaron consultas al ministro de Economía, Luis Caputo, al Ministerio de Seguridad y al propio Banco Central, que reiteró su negativa a brindar información detallada sobre la ubicación de las reservas.
La presentación se produjo luego de que la Argentina rechazara inicialmente revelar datos sobre las tenencias de oro del BCRA, un punto de interés central para los fondos demandantes, que buscan identificar activos susceptibles de ejecución para cumplir la sentencia por la estatización de la petrolera. El pedido incluyó información sobre cuentas, movimientos y localización del oro, además de la comparecencia de un funcionario con conocimiento directo.
Desde el BCRA señalaron que proporcionar información sobre la ubicación geográfica pasada, presente o futura de los activos de reserva podría afectar la política monetaria y cambiaria, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero. En ese sentido, remarcaron que la administración de las reservas es una función exclusiva del organismo en su carácter de ente autárquico, y que responder a estos requerimientos vulneraría su independencia funcional.
Fuentes oficiales insistieron en que las reservas del BCRA no están sujetas a ejecución y que revelar datos sensibles comprometería el interés público. Esta postura fue respaldada por la Procuración del Tesoro, que también intervino en la presentación ante el tribunal.
El conflicto se inscribe en la etapa de ejecución de la sentencia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. Desde mayo de 2024, los demandantes vienen impulsando pedidos formales de discovery para acceder a información sobre activos del Estado argentino, en particular sobre más de USD 1.000 millones en reservas de oro.
En agosto de 2025, la jueza Preska ordenó que la Argentina presentara un testigo para declarar sobre el oro del BCRA. Sin embargo, la defensa sostuvo que el funcionario designado no contaba con las credenciales necesarias, lo que derivó en nuevos planteos por parte de los fondos para convocar a una audiencia probatoria con funcionarios de mayor jerarquía, incluido el ministro Caputo.
Hasta el momento, el tribunal no resolvió de manera definitiva sobre el pedido de los demandantes ni sobre la solicitud argentina de suspender el proceso de discovery. En caso de un fallo adverso, el Estado anticipó que apelará ante la Corte del Segundo Circuito.
El litigio por la expropiación de YPF y sus derivaciones sobre los activos del BCRA continúa siendo un punto de alta tensión judicial y financiera, en un contexto de presión internacional y de defensa de los intereses soberanos del país.
