La fuerza detectó 645 acreditaciones indebidas de haberes entre 2022 y 2026 y presentó una denuncia ante la Justicia Federal. Cómo funciona el mecanismo.
La Armada Argentina denunció ante la Justicia Federal presuntas irregularidades en el pago de haberes por $981.148.567,88. Según la investigación administrativa realizada por la propia fuerza, entre julio de 2022 y enero de 2026 se registraron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2 y deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. La presentación fue realizada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada.
Cómo se detectaron las irregularidades en el pago de sueldos
La investigación comenzó en febrero de 2026, cuando se detectaron suplementos que no correspondían a cinco agentes. A partir de esa anomalía, la Armada amplió la revisión hacia períodos anteriores para determinar si se trataba de hechos aislados o si existía un mecanismo reiterado.
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Los investigadores compararon las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo, los archivos enviados al Banco Nación y las confirmaciones de las acreditaciones bancarias.
Según la denuncia, determinados registros y archivos habrían sido modificados manualmente antes de ser enviados al banco. Luego, esos valores eran restituidos a sus registros originales, de manera que los montos adicionales no quedaran reflejados en los recibos de sueldo.
La auditoría concluyó que los pagos cuestionados se concentraban en beneficiarios recurrentes y que las operaciones seguían un mecanismo repetido, por lo que la fuerza descartó inicialmente que se tratara solamente de errores administrativos.
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Cuatro personas ajenas a la Armada recibieron $434 millones
Entre las 23 personas identificadas figuran integrantes de la Armada, personal civil y otras personas sin vínculo laboral o funcional con la fuerza.
De acuerdo con la presentación judicial, cuatro personas ajenas a la Armada recibieron en conjunto $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado.
Una de las beneficiarias, identificada como María del Carmen Prieto, habría recibido $152.259.495,86 mediante 46 acreditaciones. Según el expediente, es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Departamento Revista.
La denuncia señala que Atanasoff habría reconocido durante la investigación administrativa que conocía esas acreditaciones y que los pagos eran cargados manualmente. La Justicia deberá determinar el alcance de su participación y las eventuales responsabilidades penales.
La investigación también detectó otros pagos
La revisión interna alcanzó a otros beneficiarios vinculados con la Armada. Entre los casos mencionados en la denuncia aparece Roberto Eduardo Castro, quien habría cobrado simultáneamente haberes en el exterior y en Argentina, pese a que el sistema lo excluía automáticamente del pago local.
También se investiga el caso de su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, quien habría recibido acreditaciones durante una licencia sin goce de sueldo.
Estos hechos forman parte del expediente y deberán ser analizados por la Justicia para determinar si existieron irregularidades y quiénes fueron responsables.
Cuánto dinero fue recuperado
Hasta el momento de la presentación judicial, la Armada había recuperado $42.574.267,63. Sin embargo, esa devolución no modifica el monto histórico de las acreditaciones cuestionadas, que asciende a $981.148.567,88.
Por lo tanto, según la documentación difundida, permanecían sin restituir $938.574.300,25.
La fuerza también anunció cambios en sus procedimientos internos. Entre otras medidas, separó las funciones vinculadas con la liquidación, el pago y la conciliación de los haberes, además de preservar los equipos y archivos utilizados durante el proceso investigado.
Qué deberá determinar la Justicia
La denuncia fue presentada para establecer cómo se realizaron las acreditaciones, quiénes intervinieron y cuál fue el destino de los fondos.
La investigación judicial tiene como punto de partida los 645 pagos identificados por la auditoría interna, correspondientes a 23 personas y realizados durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
Mientras avanza la causa, la Armada informó que separó de sus funciones a las personas involucradas y reforzó los controles sobre el sistema de liquidación y pago de haberes.
